El sector de la economía social acaricia un reconocimiento legislativo que promete fomentar su presencia en el mercado y acabar con la confusión en torno a su actividad.
La Generalitat ratificará el próximo martes el proyecto de ley de la Economia Social i Solidària con el objetivo de llevarlo al Parlament de Catalunya y conseguir cuanto antes su aprobación. “Es una normativa pionera en España. Esperamos que sea recibida con un amplio consenso. Al menos, de los partidos del arco central del Parlament”, comenta David Bonvehí, responsable de la Direcció General d’Economia Social i Solidària i Cooperativisme, un organismo que depende de la Conselleria de Empresa i Treball.
A pesar de estar promovido por el actual gobierno del PSC, el proyecto de ley procede íntegramente de la anterior legislatura liderada por ERC. De hecho, la iniciativa se quedó a las puertas de llegar al Parlament a causa de su disolución anticipada el pasado mes de marzo. “No hemos modificado nada del redactado del texto”, aseguró Bonvehí en una rueda de prensa en la que recordó que el documento cuenta con el visto bueno de Aescat, la principal asociación de economía social de Catalunya.
Los afectados por la normativa pueden ser muchos. Según datos de la Generalitat, alrededor de 7.400 organizaciones catalanas están vinculadas a la economía social. Facturan conjuntamente unos 8.000 millones de euros y emplean un total de 140.000 personas.
El sector cuenta con 7.400 organizaciones que facturan 8.000 millones y emplean a 140.000 personas
El objetivo de la norma es poner orden en un sector en el que a menudo reina la confusión y algunos se aprovechan de las bondades de este término. “No es lo mismo la responsabilidad social corporativa que la economía social. Vamos a definir bien qué se entiende por este concepto con el propósito de impulsar las entidades que de verdad desarrollan esta actividad. Su impacto en la economía y la sociedad es muy elevado”, apunta Bonvehí. Entre las medidas estrella, figura la creación de un registro de entidades que permitirá agilizar su contratación pública o acogerse a eventuales beneficios.
Los criterios para formar parte de este registro consistirán en el cumplimiento de una serie de requisitos que se inspiran en resoluciones y recomendaciones de la Unión Europea. La ley enumera principios o valores básicos, que después un reglamento desarrollará en forma de indicadores. “La idea es crear un registro en sentido amplio, que englobe todo tipo de sociedades o entidades. Estamos pensando en cooperativas, fundaciones, cofradías de pescadores, mutualidades, centros especiales de trabajo, empresas de inserción o economías comunitarias como las agrupaciones vecinales…”, comenta el responsable. La Generalitat quiere dejar claro que no todas las cooperativas o fundaciones van a formar parte del registro por el mero hecho de serlo. “Deberán acreditar que cumplen los indicadores. No vamos a favorecer cierto tipo de figuras jurídicas porque sí”, subraya Bonvehí.
La normativa acota el concepto de economía social inspirándose en resoluciones de la UE
Aunque los requisitos concretos todavía deben ser desarrollados por un reglamento, la ley establece unos valores o principios básicos. Entre ellos, destaca que las organizaciones de economía social deben desarrollar una actividad de interés general, arraigada en el territorio, que promueva la transformación social y feminista, que se base en una toma de decisiones democrática y que no tenga ánimo de lucro. Esta última cuestión fue controvertida al redactar el proyecto y Bonvehí reconoce que puede ser la más peliaguda en las próximas negociaciones en el Parlament. De hecho, el redactado del proyecto de ley abre la puerta tímidamente, incluyendo la posibilidad de que estas entidades tengan “una distribución limitada y transparente de los excedentes” y permite que “sus resultados positivos estén vinculados a las personas y no al capital”.
Entre otras cuestiones, la normativa también contempla la creación del Consell Català de l’Economia Social i Solidària, un órgano que desarrollará tareas consultivas, de asesoramiento y participación. Asimismo, prevé la creación de un plan nacional de impulso de la economía social y la existencia de consejos regionales de economía social y solidaria.
La ley contempla la creación del Consell Català de l’Economia Social i Solidària
La normativa también promete políticas transversales, medidas de sensibilización, formación sobre economía social en currículums académicos de todos los niveles del sistema educativo y la obligación de las administraciones públicas de promover este tipo de economía.
A la espera de su aprobación definitiva, la Conselleria de Empresa i Treball hace gala de estar impulsando una normativa pionera en el Estado y una de las pocas que existen en la Unión Europea.
