El auge de los centros de datos en Aragón van camino de transformar la economía de la comunidad. Así lo sostiene el informe presentado hoy por la fundación Basilio Paraíso, que calcula que las primeros complejos en marcha podrían crear decenas de miles de nuevos puestos de trabajo y tendrán un alto impacto fiscal en las arcas de las diferentes administraciones, al tiempo que suponen grandes desafíos en materia de consumo energético o de agua, que en el escenario más exigente podría alcanzar el 23% del consumo actual de agua de boca en Zaragoza capital.
Las granjas de servidores incluidos en el estudio son los once que ya cuentan con la Declaración de Interés General (DIGA) aprobada por el Gobierno autonómico hasta el 31 de agosto y se basa en los datos trasladados por las empresas a la Administración y recogidos por los medios de comunicación.
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Aragón va camino de convertirse en el tercer hub europeo en el sector, por detrás de Londres o Frankfurt
En total, suponen una inversión total de 47.000 millones de euros –incluyendo segundas fases todavía en el aire- que colocarían a Aragón como tercer hub europeo del sector con hasta 2.548 MW de potencia instalados, tan solo superados por Londres (3.500 MW) y Frankfurt (2.800 MW) y por delante de otros mercados consolidados como París (1.800 MW) o Dublín (1.600 MW).
Según el informe, obra del consultor Óscar Lobera, su aportación a la economía aragonesa se divide en dos fases bien diferenciadas. En la primera, que se desarrollará durante la próxima década (2025-2035), la construcción de estas infraestructuras generará una riqueza nueva (Valor Añadido Bruto-VAB) de entre 7.900 y 10.800 millones de euros en función de los escenarios que se vayan alcanzando.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón (c), sostiene el informe sobre el impacto de los centros de datos en la comunidad presentado hoy
La mayor parte de este volumen se concentrará en el primer tramo (años 2026-2029), con una media de 21.000 nuevos empleos directos en sectores como la construcción, los servicios de reparación e instalación de equipos, la ingeniería o la industria de materiales. En su año pico, 2028, el informe contempla que la inversión equivalga al 16,8% del PIB actual de Aragón, que ronda los 52.000 millones de euros. A nivel fiscal, sobre todo a través del IRPF y las cotizaciones sociales, se espera una recaudación total de entre 3.000 y 4.300 millones de euros para el conjunto de las administraciones (locales, autonómicas y estatales).
Una vez estén operativos, el informe calcula que los centros de datos añadan entre 687 y 982 millones al VAB regional y creen entre 3.150 y 4.500 empleos directos de alta cualificación (técnicos, ingenieros, especialistas en ciberseguridad). Por cada uno de estos puestos, calculan que se creará otro en servicios de mantenimiento, seguridad, energía y soporte técnico, por lo que el total podría ser de unos 9.000 entre directos, indirectos e inducidos.
Asimismo, el informe también destaca los retos que este desarrollo puede generar a nivel ambiental. Con respecto al consumo eléctrico, calculan que estos once centros duplicarán el consumo actual (hay más proyectos en cartera que no se han contabilizado). El estudio apunta que la comunidad produce el doble de la energía que consume “y es una potencia exportadora de renovables” y que el “cuello de botella” está en la planificación y ejecución de las infraestructuras de transporte eléctrico, incluida la resolución de los concursos en los puntos de enlace con exceso de demanda, que dependen del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).
En este sentido, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que conversó antes de vacaciones con la ministra Sara Aagesen para hacerle llegar “la inquietud” de su Ejecutivo sobre esta cuestión. “Volvimos a oír palabras de paciencia y tranquilidad, que dentro de poco veríamos avanzar la cuestión. En agosto no hemos visto ninguno, espero que el Ministerio cumpla pronto”, aseguró el popular, que cerró la presentación.
Sobre otro de los temas que más recelos despiertan en algunos colectivos, el impacto hídrico, Lobera explicó que su impacto está “menos claro”, pues depende de las tecnologías que finalmente apliquen los promotores. “Tenemos que exigir que las previsiones se cumplan” e impulsar “de forma decidida” el uso de agua regenerada. Según el informe, el consumo más exigente podría alcanzar los 14 hectómetros cúbicos, un 23% del consumo de agua de boca actual de Zaragoza capital, aunque Azcón quiso rebajar el tono al asegurar que el principal consumo de agua en la comunidad se lo lleva de largo la agricultura.
Ante el panorama que abren estas ingentes inversiones, “que pueden ser lanzaderas para una transformación económica superior”, la fundación propone actuaciones como un plan de choque para la capacitación y atracción de talento, elaborar un “plan director de transición a la economía del dato” o crear un fondo de inversión público con los ingresos procedentes de estos ‘data centers’ para apoyar y desplegar nuevas iniciativas digitales que materialicen “el potencial efectivo gravitacional” de estas infraestructuras.
