El indulto a la expresidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs ha quedado en el olvido. Hace un año, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya promovió la medida de gracia en favor de la también expresidenta de Junts a pesar de haberla condenado a cuatro años y medio de cárcel, pena confirmada por el Tribunal Supremo. En junio del año pasado, la Fiscalía ya entregó su informe en contra. Desde entonces, la petición está en el despacho del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Fuentes ministeriales se limitan a tirar balones fuera con este tema con un “sin novedad”, mientras que en Junts prefieren que no se les pregunte por ello y así no tener que agitar el avispero.
Hace un año, el TSJC propuso al Ejecutivo indultar a la ex dirigente posconvergente
Borràs siempre defendió que la causa contra ella fue producto del lawfare y se presentó como una “víctima política” en plena efervescencia del procés . Sin embargo, el asunto judicial contra ella fue por prevaricación y falsedad documental cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
El caso es que Borràs estuvo beneficiando a un amigo suyo con contratos de la entidad que dirigía y para evitar tener que sacarlos a concurso los troceó. Los Mossos d’Esquadra se enteraron de los hechos porque esta persona traficaba con drogas y en una operación contra él aparecieron correos electrónicos con Borràs.
Inicialmente, Borràs fue apoyada por su partido. Fue nombrada presidenta del Parlament y presidenta de la formación con Carles Puigdemont como líder.
Cuando en el 2023 Pedro Sánchez inició las negociaciones con Junts para aprobar la ley de Amnistía a cambio de apoyar su investidura, la expresidenta de la Cámara catalana intentó forzar el texto para lograr ser amnistiada, pero los negociadores no accedieron a ello. El caso de Borràs nada tenía que ver con el proceso independentista. Aunque su defensa giró en torno a su victimización por ser independentista, atacar a los Mossos, a la Fiscalía y a los jueces, no surtió efecto.
Tras la primera condena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 2023, dos años después el Tribunal Supremo la confirmó. Además de las penas de cárcel, se le impusieron trece años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por los delitos de prevaricación administrativa, continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por adjudicar de forma irregular, mediante 18 contratos menores, la elaboración del portal web de la ILC que ella dirigía entre el 2013 y el 2018, por un valor total de 335.700 euros.
Que Puigdemont todavía no haya podido volver a Catalunya tensa todavía más las relaciones entre el Gobierno y Junts
El Supremo rechazó en su condena la propuesta del TSJC de reclamar un indulto para Borràs al entender que las penas no eran desproporcionadas ni los hechos guardaban relación con el procés.
Sin embargo, el tribunal catalán, que debía ejecutar la sentencia, dejó en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión –que no la inhabilitación– y elevó al Gobierno una propuesta de indulto parcial en favor de Borràs respecto a la pena de prisión.
Ese indulto se solicitó para que afectase únicamente al tiempo que supera los dos años de la pena impuesta de cuatro años, seis meses y un día. Los magistrados del tribunal catalán explicaban en su resolución que, aplicando el Código Penal vigente, la pena resultaba “notablemente excesiva”. “Estimamos que la reacción penal que nos obliga a imponer una pena privativa de libertad en duración que en ningún caso puede resultar inferior a los cuatro años, seis meses y un día resulta desproporcionada y excesiva para la realidad que subyace en los comportamientos ya calificados invariablemente como típicos y delictivos”, argumentaban.
La petición al Gobierno llegó por parte del tribunal sentenciador en marzo del 2025, hace exactamente un año. En junio, la Fiscalía informó en contra de conceder la pena de gracia, y desde entonces está en manos del Ministerio de Justicia. Sea a favor o en contra, el departamento de Bolaños debe hacer una propuesta al Consejo de Ministros para su aprobación.
Las relaciones entre el Ejecutivo y el partido de Puigdemont son tensas por las exigencias de los segundos a la hora de aprobar cualquier propuesta que se lleve al Congreso de los Diputados. El hecho de que casi dos años después de la aprobación de la amnistía Puigdemont todavía no haya podido poner un pie en Catalunya es algo que está tensando aún más esa relación. El Supremo rechazó aplicar la norma del olvido al expresidente catalán, que todavía está esperando que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie respecto al recurso de amparo que interpuso su defensa.
Las expectativas más halagüeñas hablaban del mes de marzo para la resolución del recurso, pero fuentes del TC confirman que todavía están pendientes varios flecos antes de poder votar en el pleno sobre esta cuestión.
Ante este escenario, Laura Borràs tiene poco que hacer. En octubre del 2024 dejó la presidencia de Junts. La salida que se encontró para ella fue un puesto como directora de la fundación de Junts, Fundem la República. La idea inicial era que fuera presidenta de la fundación, pero un informe del Govern lo descartó al afectarla para este puesto la inhabilitación que pesa sobre ella.
