El informe de la comisión de investigación del Senado encargada de dilucidar las causas del apagón del pasado 28 de abril concluye que Red Eléctrica de España (REE), su matriz Redeia y el Gobierno son los “responsables” del incidente, al tiempo que atribuye una “responsabilidad institucional relevante” a la CNMC por su “inacción regulatoria y supervisora”. La Cámara Alta, controlada por el PP, exime además a las compañías eléctricas de lo sucedido.
El dictamen del Senado considera que el apagón “no fue un accidente imprevisible, sino el desenlace de una fragilidad estructural conocida con antelación”. El sistema, asegura, llegó al 28 de abril “con una inestabilidad de tensión ya reiterada en semanas y meses previos, y sin que las instituciones llamadas a prevenir, supervisar y corregir el riesgo actuaran con la diligencia exigible”.
El apagón “tiene nombres y apellidos”, ha indicado la portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Alicia García Rodríguez, en una rueda de prensa para dar a conocer las conclusiones del informe. “No fue una catástrofe natural sobrevenida”, sino “el resultado de una gestión irresponsable y de unas políticas negligentes”, ha añadido.
Esta comisión se ha desarrollado en paralelo a las otras dos en el Congreso de análisis del incidente. En el caso del Senado, ha estado presidida por el PP y por ella han comparecido desde la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, hasta la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, pasando por la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle.
El informe concluye que los problemas de tensión que originaron el apagón “estaban identificados con antelación” y atribuye lo ocurrido a “una combinación persistente de alta penetración fotovoltaica, escasa inercia, oscilaciones de tensión, variaciones en intercambios internacionales y respuesta insuficiente”.
Habla de “fallo institucional” y de una “cadena completa de decisión púbica y corporativa”
Al margen de los aspectos técnicos, pone énfasis en lo que califica de “fallo institucional” que afecta a la supervisión y a la “tutela política” del sistema eléctrico. El problema, asegura, no es una “anomalía aislada”, sino fruto de una “cadena completa de decisión pública y corporativa”. Pide además una revisión de la política energética y una “rectificación” a los responsables.
Sobre REE, dice que tiene la “responsabilidad operativa directa” y que “conocía el riesgo con antelación”, pese a lo cual “no impulsó ni desplegó a tiempo una respuesta suficiente en el plano preventivo, operativo y documental”.
Al Gobierno lo considera “responsable del apagón por omisión en su deber de tutela, planificación y reacción ante señales de riesgo que, a su juicio, eran persistentes y suficientemente conocidas”. El “núcleo de esa responsabilidad”, asegura, está en la política energética y en la supervisión ministerial.
El regulador, dice, “debía conocer los riesgos estructurales”
De la CNMC, dice que es “una pieza integrante del andamiaje regulatorio cuya actuación insuficiente forma parte del fallo institucional del sistema”. El regulador, afirma el informe, “conocía o debía conocer los riesgos estructurales”, pero “no ejerció con la diligencia exigible”.
El documento incluye un amplio capítulo de recomendaciones en el que se alude indirecta a la energía nuclear. Reclama “no ejecutar cierres irreversibles de capacidad firme o síncrona mientras no exista una alternativa acreditada, suficiente y territorialmente bien distribuida”, así como “posponer el calendario de cierre nuclear”.
Pide además que “los sobrecostes extraordinarios derivados del apagón y de su corrección” no se trasladen “de forma opaca a hogares e industria”, así como reforzar los planes de contingencia de hospitales, telecomunicaciones, transporte y servicios esenciales.
