El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la investigación por la trama vinculada a la SEPI e imputa a otras 25 personas por cinco operativas sospechas dirigidas por el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y por la conocida como la ‘fontanera’ del partido, Leire Díez. Entre los nuevos investigados están la actual presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, Belén Gualda, el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, o el expresidente de Mercasa, José Ramón Sempere.
También figuran el expresidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, y la directora de las Participadas de la SEPI, Rosario Martínez Manzanedo, además de otros altos cargos de las empresas investigadas.
El magistrado ha adoptado esta decisión a petición dela Fiscalía Anticorrupción, que recoge “la existencia de un patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado por parte de los investigados, que habría operado de manera continuada en distintos ámbitos del sector público y en relación con diversas entidades y grupos empresariales”.
Los fiscales se centran en cinco operaciones de la trama con Mercasa, Enusa, Tubos Reunidos, el expediente de la sociedad pública Parque Empresarial Principado de Asturias participada por Sepides, todas ellas en el ámbito de la SEPI, y el grupo Forestalia, dedicado al desarrollo de proyectos de energías renovables.
En estas operativas, el grupo Hirurok (“Nosotros tres” en euskera) –grupo creado en una aplicación de mensajería donde estarían Vicente Fernández, Leire Díez y Antxón Alonso, detenidos en diciembre del 2025– habría desplegado su actividad en el sector público “obteniendo, presuntamente, un rédito económico de origen ilícito”.
Según la investigación desplegada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el vehículo utilizado para la canalización del dinero obtenido por estas operativas habría sido la sociedad Mediaciones Martínez junto con otras estructuras societarias, entre las que destacan Servinabar –de Alonso– y Next generation Caliope Innova. Éstas habrían actuado “como instrumentos para la gestión y circulación de fondos de aparente procedencia ilícita”.
Respecto de Servinabar, los fiscales sostienen que desde el 2016 Antxón Alonso habría ostentado “de forma indirecta o velada, un 45 % de las participaciones sociales en favor de Santos Cerdán”.
Según la Fiscalía, en todas las operativas analizadas se identifica un “esquema común caracterizado por la detección de oportunidades de intervención en procedimientos administrativos o societarios de relevancia económica; la utilización de relaciones personales y acceso a información privilegiada para influir en su tramitación, la eventual manipulación o condicionamiento de decisiones públicas o procesos de contratación y la obtención de contraprestaciones económicas, ya sea de forma directa o a través de estructuras societarias interpuestas y operaciones mercantiles de apariencia lícita”.
Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso La Vanguardia, “los indicios recabados apuntan a la existencia de una dinámica continuada de intermediación ilícita en la contratación pública, en la que los investigados principales –Fernández, Alonso, Díez y Cerdán– habrían actuado como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos, incidiendo en la adopción de resoluciones administrativas, el resultado de procedimientos de contratación pública o la canalización de ayudas financieras, en beneficio propio o de terceros”. Todo ello, recogen las fiscales, “con la necesaria e ilícita cooperación de terceras personas que se traen como investigados al procedimiento, pertenecientes bien al sector público o bien al sector privado”.
Por ello, Anticorrupción apunta a la posible existencia de los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa y organización o grupo criminal “atendiendo al carácter estable, coordinado y con distribución de funciones que presenta la actuación del grupo “Hirurok”.
En relación con Gualda, su imputación versa sobre la presunta influencia que habría ejercido para conceder el rescate de 112 millones de euros a Tubos Reunidos al llegar a la presidencia de la SEPI en el 2021 así como los aplazamientos para la devolución del préstamo.
Tubos Reunidos: “BG va a sacar” la operación
Uno de los indicios que la incriminan es un mensaje de un alto cargo de la SEPI en el que informa a Fernández –expresidente de la entidad– fechado el 3 de junio del 2021, en el que el primero, Miguel Ángel Figueroa, informó al segundo de que “BG” –siglas utilizadas para referirse a la presidenta Belén Gualda– tenía la intención de “sacar” operaciones la semana siguiente, entre las que se encontraba la correspondiente a Tubos Reunidos.
Los fiscales apuntan a la existencia de una serie de reuniones a nivel político en las que habría participado Gualda, “con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de la ayuda temporal por parte del fondo FASEE” a favor de Tubos Reunidos. De la investigación se desprende que por toda esta ayuda, la trama habría recibido cerca de 250.000 euros.
Según consta en la documentación aportada por la SEPI, Gualda firmó la elevación al consejo gestor del FASEE de la propuesta relativa al expediente de Tubos Reunidos. Dicha propuesta había sido formulada por Rosario Martínez Manzanedo y contaba con el visto bueno de Bartolomé Lora, vicepresidente.
Finalmente, el consejo gestor del fondo aprobó el 13 de julio del 2021 la prestación de esta ayuda, en forma de crédito participativo, una operación que fue autorizada por el Consejo de Ministros una semana después.
