
Uno de los presuntos líderes del movimiento ‘Deport Them Now UE’ (Deportadlos ahora UE) que promovió la persecución a inmigrantes en Torre Pacheco (Murcia) trabajó en un centro de justicia juvenil de la Generalitat, el Centro Educativo de Justícia Can Llupià, en Barcelona, según han explicado este jueves fuentes del sindicato Sicap-Fepol a Europa Press.
Según ha indicado la Conselleria de Justicia, el joven trabajó para el Departament, pero se “desconocía su comportamiento en su vida privada, su pertenencia a grupos radicales y sus actos presuntamente delictivos”. Según la fuente, el detenido abandonó el puesto de trabajo en el Departament el 8 de mayo, dos meses antes de su detención.
La Conselleria de Justicia indica que se “desconocía su comportamiento en su vida privada”
Según las fuentes sindicales, el antiguo empleado “pudo tener acceso” a información confidencial de menores migrantes porque trabajaba como administrativo. También han detallado que estuvo empleado en el Centre Penitenciari Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona) –la misma cárcel en la que ahora cumple prisión provisional–, y en las oficinas de la Conselleria de Justicia de la Generalitat.

En total, aseguran que estuvo trabajando “varios meses”, que sitúan entre 2023 y 2025, aunque explican que cuando fue detenido hacía ya un tiempo que no trabajaba en Justicia.
El líder supremacista trabajó en Quatre Camins y en las oficinas de la Conselleria de Justicia de la Generalitat
El individuo fue detenido por la Guardia Civil el 14 de julio en Mataró por su presunta participación en un delito de incitación al odio por liderar el grupo ‘Deport Them Now UE’ que difundió un comunicado en las redes sociales alentando a las ‘cacerías’ de inmigrantes en Torre Pacheco. Se le imputan presuntos delitos de incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita por “cometer delito discriminatorio” y tenencia ilícita de armas.

Varias personas durante los altercados en Torre Pacheco
Desde el sindicato denuncian que el hecho de que acabase trabajando en estos puestos denota “una brecha de seguridad” que pone en peligro a las personas más vulnerables bajo custodia en Catalunya. Además, aseguran que de confirmarse la filtración de los “datos de menores vulnerables”, se estaría “ante una negligencia gravísima que compromete la seguridad del personal y la de los menores bajo nuestra protección”.