El sector energético gallego enfrenta un periodo de transformación marcado por nuevas normativas y estrategias que, supuestamente, buscan maximizar los beneficios sociales y económicos de las renovables. Sin embargo, las políticas emprendidas por la Xunta han sido acusadas de intervencionistas por algunos y han abierto un encendido debate entre los afectados, que destacan tanto las oportunidades como los riesgos de las nuevas iniciativas.
La reciente creación de Recursos de Galicia (RDG) Comercializadora Galega de Enerxía, una empresa con un 30% de capital público –que pretende ofrecer luz en mejores condiciones a sectores estratégicos para la región y vecinos de las instalaciones renovables–, ha generado algunas ilusiones, pero también muchas inquietudes sobre sus consecuencias a medio plazo. La Xunta asegura que la comercializadora permitirá ofrecer precios de electricidad más bajos a los gallegos, pero los expertos alertan sobre las dificultades de materializar esta promesa. “Si la comercializadora opera en el mercado mayorista como cualquier otra, no podrá garantizar tarifas más económicas sin pagar subsidios de dudosa legalidad”, explica Benito Arruñada, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y la BSE, investigador asociado de FEDEA y coordinador del Foro Mercado Libre.
Advierte, además, que, si la Xunta cae en la tentación de obligar a los productores privados a vender energía a precios intervenidos, “estaríamos ante un escenario de posible expropiación que podría generar litigios a escala europea”.
La nueva hoja de ruta de la Xunta para la eólica obligará a renovar más de 3.000 aerogeneradores antiguos y reemplazarlos por otros más potentes
Otra de las cuestiones en entredicho entre los expertos del sector es la viabilidad financiera de un modelo que podría ser deficitario para las cuentas públicas si la distribuidora vende energía por debajo de los precios de mercado. “Esas medidas podrían ser contraproducentes para los propios gallegos, que acabarían pagando el coste a través de impuestos o recargos”, explica Arruñada.
Además de la creación de la empresa semipública para la comercialización de energía, el Ejecutivo gallego también ha chocado con los productores de renovables ante las novedades que incluye el nuevo Plan Eólico de Galicia. La nueva hoja de ruta de la Xunta para la eólica, otra de las piezas clave de su estrategia energética, obligará a renovar más de 3.000 aerogeneradores antiguos, reemplazándolos por modelos más modernos y potentes que permitirían reducir el número de molinos en un 80%.
Aunque la medida está destinada a mejorar la eficiencia y mitigar el impacto medioambiental, en el sector no han faltado las críticas que tachan de poco realista una ambición que impone estrictos plazos y condiciones y que amenaza con retirar licencias a los incumplidores. “Renovar inversiones puede ser positivo”, explica Arruñada. “Pero imponer esa renovación bajo amenaza de retirada de licencias genera inseguridad jurídica y aumenta los costes para las empresas. Este enfoque ignora principios fundamentales de la regulación eficiente, que sugieren que los gobiernos deben establecer objetivos claros y dejar a los operadores, que son quienes tienen el know how, decidir cómo alcanzarlos”.
Arruñada se refiere también a otra novedad legislativa que obliga a los promotores a vender al menos la mitad de la energía que produzcan a empresas gallegas a precios “estables y competitivos”. La respuesta por parte de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) no se ha hecho esperar y ha sido contundente. Advierte que la medida “va en contra de la legislación del mercado eléctrico de la Unión Europea, de la normativa de competencia y de la Ley del Sector Eléctrico. Cualquier intervención de un mercado liberalizado es un ataque a los derechos fundamentales que rigen en la propia comunidad autónoma gallega, en España y Europa”.
La Xunta asegura que la comercializadora permitirá ofrecer precios de electricidad más bajos a los gallegos
La patronal previene que la medida, de prosperar, activaría arbitrajes y sanciones internacionales por un nuevo cambio en las reglas del juego, al tiempo que replica que la imposición de precios y la obligación de priorizar las ventas locales “obligaría a romper los contratos que los promotores hubieran firmado ya con consumidores, generando una judicialización en todo el sector”.
Tras recordar que la intervención política puede frenar inversiones futuras y poner en riesgo el liderazgo de la región en renovables, la AEE concluye: “Sin conocer aún si las intenciones de la Xunta son aplicar también dicha obligación a los parques existentes, lo que sería aún más grave, el sector eólico avanza que esta expropiación vulneraría de hecho la legislación actual y forzaría la ruptura de contratos, lo que daría lugar a nuevas demandas de los inversores internacionales, generando nuevos litigios y arbitrajes, además de posibles sanciones por parte de la Comisión Europea”. Y todo ello, en última instancia, lleva a aumentos de precios.
Varios analistas coinciden con la Asociación y destacan el hecho de que las políticas propuestas fragmentan el mercado español y podrían desembocar en demandas judiciales contra la Xunta. “Por ejemplo, las empresas asturianas que dependen de contratos a largo plazo con generadores gallegos podrían enfrentarse a costes más altos, mientras que sus competidores en Galicia obtendrían energía a precios reducidos. Este tipo de distorsiones no solo afectan la competitividad del mercado español, sino que también podrían ser motivo de sanciones por parte de la Unión Europea”, explica Arruñada.
Actualmente, más de 2.300 megavatios (MW) de capacidad eólica para Galicia están pendientes de desbloquearse en los juzgados, una situación que, lejos de mejorar, bien podría agravarse con el nuevo plan de la Xunta.
“Hay al menos 32 proyectos industriales en Galicia que demandarán ocho teravatios/hora (TWh) de electricidad adicional que debe producirse con energías renovables, que dependen de nueva implantación eólica”, explicaba recientemente la patronal eólica de Galicia. “La inseguridad jurídica, con medio centenar de proyectos aprobados rigurosamente por la Xunta, pero suspendidos cautelarmente por el TSXG y a la espera de lo que diga el Tribunal Europeo, nos mantiene en estado catatónico. La legislación tiene que ser clara y sencilla”. Atendiendo a las reacciones del sector, la oportunidad de liderar la transición hacia un modelo renovable y competitivo podría estar en riesgo y requiere un enfoque más estratégico y realista, que respete la normativa europea y el libre mercado para fomentar la inversión que exige la deseada descarbonización.
