“Si quiere que hablemos de silencios, podemos hablar de silencios, pero el silencio más claro y más clamoroso es que cada vez que pido interlocución con Junts, la respuesta ha sido de forma sistemática que esta semana no podemos hablar”. Así respondió este miércoles Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística, a Mònica Sales, portavoz de JxCat, ante la demora de los posconvergentes para firmar un Pacte Nacional per la Llengua cuyo proyecto se presentó en enero del 2022 bajo el gobierno de Pere Aragonès, que tuvo una primera estimación para que fuera sellado en diciembre del mismo año, pero que lleva más de tres años de retraso y que hoy por hoy está encallado.
La réplica la dio el conseller tras el reproche que le dedicaron los posconvergentes por el “silencio del Govern y especialmente el del president Illa”, según Sales, tras la resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de la semana pasada, que rechazó los recursos presentados por la Generalitat para que se derogara la obligación de impartir un 25% de horas en castellano en doce escuelas catalanas. Fuentes del Departament de Política Lingüística aseguran, sin embargo, que las palabras de Vila aludían a la postergación de la firma por parte de Junts del Pacte Nacional y califican de “incompresible” el argumento de Junts, puesto que “la sentencia aún no existe”. Está en revisión en el Tribunal Constitucional.
Cada vez que pido interlocución con Junts, la respuesta ha sido de forma sistemática que esta semana no podemos hablar”
Yendo por partes. El PSC y Esquerra están dispuestos ya a compulsar el acuerdo. Los comunes también, pese a que están a la espera de “algún fleco”. Pero todos ellos señalan a Junts como responsable de la demora de la firma. Atribuyen a los posconvergentes motivaciones políticas, “de contexto político,”, o de “estrategia, no de contenido”. También que Junts se encuentre con el Pacte Nacional zanjado bajo un govern socialista liderado por Salvador Illa.
Junts apunta en otra dirección. Fuentes del partido aseguran que para ellos “es importante que esté todo el mundo”, pero “desgraciadamente el Govern no ha trabajado lo suficiente con las entidades que velan por la lengua ni ha explorado los compromisos y pactos que puede ofrecer la sociedad civil”.
Junts y la CUP rechazan también el Pacte Nacional por el “uso recurrente del castellano” del Ejecutivo catalán y critican que “acate” el 25% de clases en castellano
Además, la formación que lidera Carles Puigdemont critica que el Ejecutivo de Illa “use el castellano de manera recurrente en actos oficiales, en el Parlament o en las redes sociales”, que mire hacia otro lado, según dicen, cuando se vulneran los derechos de los catalanohablantes -“como sucede en el ámbito de la salud”-, y que “baje la cabeza ante las normas que discriminan el catalán aprobadas por el Estado español: 218 durante el 2024, según Plataforma per la Llengua”.
JxCat se carga de más razones. Recrimina al Govern que “acate” la obligación de 25% de clases en castellano en doce escuelas. Es algo que también critica la CUP, que anunció la semana pasada que no estaría en el Pacte Nacional per la Llengua puesto que recoge un “pacto de mínimos” para hacer frente a esta decisión judicial. Los cuperos también reprochan “el uso recurrente” del castellano por parte del Ejecutivo catalán.
Ante esto, fuentes del Departament de Política Lingüística se ponen las manos a la cabeza. “Es incomprensible que se ponga como condición para aprobar el Pacte fijar la respuesta a una sentencia que aún no existe”, afirman, a la vez que tachan la decisión de Junts y la CUP de “maniobra dilatoria”. Además, argumentan que “todavía es más incompresible cuando hay que recordar que el 25% de castellano no se está aplicando, porque quedó desfasado con la ley y el decreto ley que en el 2022 se aprobaron con los votos del PSC, Junts, Comuns y ERC”.
En medio, las entidades, que en general esperan que primero los partidos se den la mano para después incorporarse. Es el caso de Òmnium Cultural, por ejemplo, que se muestra convencida de que “todos los partidos serán responsables ante esta cuestión de país, que reclama un consenso sin fisuras y de máximo alcance”. Otra de las asociaciones significativas, Plataforma per la Llengua, afirma que “por ahora” no tienen una decisión tomada.
Con todos estos ingredientes sobre la mesa, el Govern sigue pendiente de cerrar el Pacte Nacional per la Llengua. “Lo que se damnifica por la no firma del Pacte es la lengua”, sostienen desde a la Conselleria de Política Lingüística, ya que es “un acuerdo que incluye inyección de dinero y planes de actuación concretos”. Serían unos 200 millones a lo largo del 2025. “Sin la firma se dificultan tanto las medidas como el impulso general del país” en el ámbito del catalán, aseguran desde el Departament. En todo caso, el Govern afirman que pese a todo, trabajará para que “la batería de medidas” contenidas en el Pacte Nacional “se desplieguen sea como sea”.
