La cuestión de la inmigración ha ganado protagonismo en el debate político en Catalunya a lo largo de los últimos años. Es recurrente que formaciones como Vox y Aliança Catalana hagan alusiones a este asunto en las sesiones parlamentarias. En esta ocasión, ha sido el PP quien ha llevado una moción que abarca un paraguas amplio sobre las políticas migratorias y la gestión de las mismas. También han incorporado la prohibición del burka, un elemento que está en discusión en el Congreso. El punto, que ha sido transaccionado con Vox, solo ha contado con el respaldo del grupo de Ignacio Garriga y Aliança Catalana. El PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP lo han tumbado.
El texto defendía “prohibir con las reformas legales oportunas y por motivos de seguridad, identificación personal, dignidad de la mujer y convivencia” el uso del “burka, niqab o cualquier otra indumentaria islámica que oculte totalmente el rostro en la vía pública, espacios y edificios públicos, centros educativos y sanitarios y equipamientos sociales”. Los consideran “contrarios a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatibles con la identidad, cultura, usos, modas y costumbres” de Catalunya.
Pese a que Junts ha registrado una proposición en esta línea en el Congreso y ERC o el PSC también se muestran contrarios al burka -aunque no por la vía del Código Penal-, a lo largo del debate han expresado sus reticencias a la manera en la que se plantea este veto. JxCat ha expresado que hubiera votado a favor del punto porque “calca la posición que nosotros hicimos hace unos meses”. Sin embargo, han acabado votando en contra porque “el PP se ha visto tentado a transaccionar con Vox y ha acabado vomitando odio”, en palabras de su portavoz Salvador Vergés.
Este punto, que era el decimonoveno del texto, también ha tenido respuesta por parte del PSC y Comuns. Mario García, parlamentario socialista, ha destacado que “en Catalunya no existe un problema generalizado con el burka que justifique que se hable hoy de esto”. “La mayoría de las mujeres no utilizan el burka ni el velo integral ni lo quieren mayoritariamente”, ha puntualizado. Para el PSC, los planteamientos tienen que ser “en positivo” y no por la vía de las prohibiciones.
Susanna Segovia, portavoz adjunta de los Comuns, ha expresado que las formaciones de derechas usan esta cuestión como una “cortina de humo para no hablar de los verdaderos problemas”. PP, Vox y Aliança Catalana han acusado de “feminismo de pancarta” al bloque de la izquierda por “no combatir” aquellas “culturas que denigran a la mujer”.
El debate, que ha ido más allá de la cuestión del burka, ha evidenciado las discrepancias entre el modelo de las izquierdas y las derechas, pero también ha habido reproches cruzados entre PP y Vox, y Junts y Aliança. Ninguno del resto de puntos ha prosperado, puesto que la mayoría que suman el PSC, Esquerra Republicana, Comuns y CUP (72 diputados) ha rechazado toda la moción.
JxCat se ha abstenido en algunos y en otros ha votado a favor. Uno de los aspectos que ha logrado más ‘síes’ (de los posconvergentes, PP, Vox y Aliança, que reúnen a 63 parlamentarios) ha sido la crítica a las “políticas migratorias de efecto llamada, la incapacidad de expulsar a la inmigración irregular en los casos previstos por la ley, y el pleno acceso a ayudas, beneficios y recursos públicos por parte de personas en situación irregular” porque “favorece a las mafias de tráfico de personas, agrava la presión migratoria y supone un agravio en comparación con las personas que cumplen la ley, cotizan y sostienen el estado del bienestar”.
Los posconvergentes también han apoyado que se “abandone cualquier tipo de proceso de regularización masiva y generalizada de inmigrantes” que “no cuente con un control exhaustivo individualizado”, así como una “política de tolerancia cero” contra la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados. Se han abstenido, también, en un punto que pide exigir al Govern que reclame una “residencia legal previa mínima de 10 años para acceder a las ayudas a la vivienda”.
En el debate, Junts ha querido marcar distancias con Vox y Aliança Catalana, pero también con el PSC, ERC, Comuns y la CUP. Salvador Vergés ha acusado a los socialistas de “no hacer nada” con la inmigración porque buscan “desnacionalizar el país”. En cuanto a las dos formaciones de extrema derecha, ha apuntado que “fomentan el odio y confrontación”, que redunda en la “catalanofobia”. Ha sido en ese punto cuando ha sostenido que el resto de formaciones “más o menos” habla de “derechos y deberes”, pero ha lamentado que los partidos de izquierda “solo hablan de derechos”.
“Cuando nosotros hablamos de deberes, ustedes nos llaman xenófobos o racistas. Entonces solo quedamos el PP y Junts, pero el PP aprovecha para españolizar y nosotros queremos catalanizar con la lengua, la cultura y los valores”, ha subrayado Vergés. A su vez, el posconvergente ha defendido un modelo en el que “los derechos sean los premios de los deberes”, más allá de aquellos “inherentes por la condición humana”. En este sentido, considera que el enfoque de las ayudas y prestaciones tiene que ser el de ser un “premio de los deberes”. ERC ha replicado a Junts que ellos también hablan de “deberes”.
Tanto ERC como la CUP han cargado contra el “relato apocalíptico que construyen” el PP, Vox y AC sobre la inmigración. Jordi Viñas, de los republicanos, ha lamentado que “cuando no saben cómo explicar la precariedad laboral o que los servicios están tensionados, siempre recurren a un culpable fácil, la inmigración”. Para Pilar Castillejo (CUP), estos argumentos se utilizan para “justificar políticas más restrictivas de derechos”.
Desde el PP, Cristian Escribano ha defendido que su propuesta “sí que va de feminismo, porque el de la izquierda es el que excarcela a violadores o que deja que en nuestro país haya mujeres a las que se le haga la mutilación genital o tengan que vivir en cárceles de tela”. Los Comuns han querido contrarrestar las críticas de “feminismo de pandereta” enfatizando la “hipocresía” de “plantear que las mujeres vuelvan a sus países de origen, donde estarán más desprotegidas a nivel de derechos”.
Por su parte, Vox ha celebrado que el PP “coincida en los diagnósticos” con ellos, aunque les han criticado que “han tardado años en hacerlo mientras solo han necesitado cinco minutos para copiar el discurso”. El diputado Alberto Tarradas lo ha atribuido a las encuestas y ha acusado a los populares de ser los que “patentaron la invasión inmigratoria” con la regularización que impulsó José María Aznar. La formación de extrema derecha ha pedido ir más allá y hablar de “reemigración” porque “nuestros barrios no tienen que ser la ONG del tercer mundo”.
Desde Aliança Catalana, Sílvia Orriols ha reclamado una “moratoria” migratoria para poder discernir entre “los que aceptan nuestros valores, costumbres y cultura” respecto a “los que hayan cometido algún hurto, quieran vivir de subsidios o imponer sus valores misóginos”. La también alcaldesa de Ripoll ha señalado al PSC, ERC, Comuns y la CUP porque, a su juicio, los flujos migratorios “sin planificación ni capacidad de integración” solo les beneficia a ellos: “Necesitan esta precarización para mantener el relato y la cuota electoral. En una Catalunya rica serían prescindibles y residuales. Necesitan que dependan de las ayudas que dan”.
