A los detractores de la actual ley de Seguridad Ciudadana se les ha enquistado el intento de quitarle la mordaza a la norma aprobada gracias al rodillo de la mayoría absoluta con la que contaba el Partido Popular en el 2015.
La ley mordaza, tan criticada por la oposición al gobierno de Mariano Rajoy, ha cumplido este verano diez años: una década en la que ha estado más tiempo vigente con gobiernos de corte progresista que conservador. Pese a los intentos de reforma –el último tumbado al considerarla por ERC y EH Bildu en marzo del 2023– no ha logrado avances significativos. Y lo que es peor, el pesimismo se ha instalado entre los partidos contrarios a la ley que lleva recaudado en multas más de 1.000 millones, según datos del Ministerio del Interior.
“Este otoño se tiene que aclarar, pero desde luego no está siendo tan simple y fácil como parecía”, explica a La Vanguardia un diputado al tanto de las negociaciones.
Este verano, según las mismas fuentes, se ha celebrado una reunión para comprobar en qué punto estaban las posiciones de cada formación tras unos meses en los que los escándalos judiciales que salpican al Gobierno acaparasen la agenda. A ella acudieron PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. La base más sólida sobre aquella mesa fue el preacuerdo alcanzado, a principios de octubre del año pasado, entre el PSOE y EH Bildu para salvar los cuatro escollos que han mantenido durante años encallada la reforma: el uso de pelotas de goma como material antidisturbios, las faltas de respeto a los agentes, las multas por desobediencia y las devoluciones de inmigrantes en caliente. Sin embargo, lo que parecía salvado, hoy por hoy, no lo está.
Podemos, que va a un todo o nada, pidiendo su derogación, fue excluido de la última reunión en el Congreso
A esos aspectos habría que sumar la modificación de 36 de los 54 artículos de la ley ya acordados –pero no aprobados– en la anterior legislatura. Es decir, con lo alcanzado hasta ahora se podrían reformar los llamados “aspectos más lesivos” de la ley, tal y como siguen reclamando organizaciones como Amnistía Internacional, desde donde remiten una frase del discurso de Pedro Sánchez en el debate de la moción de censura de Mariano Rajoy. Congreso de los Diputados, 31 de mayo del 2018: “El gobierno que salga de esta moción de censura iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la ley mordaza”.
En la última reunión se evidenciaron las diferencias entre los presentes. No tanto sobre lo que hay que reformar, sino hasta dónde pretenden llegar unos y otros en la modificación de los polémicos puntos. Por ejemplo, el PSOE, con el firme respaldo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es partidario de no tocar las devoluciones en caliente, que fueron avaladas por el Tribunal Constitucional. Otros, como ERC, abogan por poner fin a estos rechazos de inmigrantes que se vienen practicando en frontera –siempre que no sean solicitantes de protección internacional o se trate de personas vulnerables, como menores–. Y otros, como, EH Bildu, apuestan por un punto intermedio: que se aborde este aspecto más adelante en una nueva reforma de la ley de Extranjería, donde por naturaleza debería ir recogido, con el compromiso de incluir por ley la identificación de todos los migrantes que crucen en pasos fronterizos para evaluar peticiones de asilo.
Las mismas distancias se puede aplicar al controvertido uso de pelotas de goma. Junts pretende que se prohiba, como ocurre en Catalunya, el uso de este material antidisturbios de manera inmediata. El PSOE, también con el beneplácito del titular de Interior, da una patada hacia delante: defiende crear unos protocolos para su uso, mientras se van sustituyendo progresivamente por otro material, supuestamente, menos lesivo. En medio, en este caso, ERC y EH Bildu, que quieren eliminarlas, pero dan un margen de un año de plazo desde que la norma, si llega el caso, entre en vigor.
Pero ¿quién falta en la ecuación de la mayoría parlamentaria con la que sacar adelante una reforma de este calado? Podemos, que ni tan siquiera fue invitado a la reunión de junio, según confirman fuentes de la formación morada. Podemos está instalado en el todo o nada. Es complicado de digerir que el partido que nació al calor del 15-M, las marchas por la dignidad y las mareas ciudadanas –que abanderaron su derogación– no haya sido capaz de apuntarse el tanto político de su derogación. Porque los de Ione Belarra, y he aquí donde las distancias se hacen abismales entre socios, ni tan siquiera hablan de reforma, sino de derogación. Al tratarse de una ley orgánica, la derogación supondría llevar un nuevo texto íntegro al Congreso de los Diputados.
Este verano se ha celebrado una reunión para abordar la reforma: sigue sin haber acuerdo
En lo que todos los partidos parece que están de acuerdo es en que en el nuevo ciclo de sesiones se abre una oportunidad, aunque nadie se atreve lanzar campanas al vuelo, como se hizo justo hace un año ahora. Unos reconocen el “pesimismo”; otros lo llaman “discreción en las negociaciones para facilitar los avances. Pero lo cierto es que han vuelto a pasar otros dos meses, aunque de verano en los que nadie ha movido un dedo.
