¿Podría la fronda contra la fiscalidad, especialmente el impuesto de patrimonio, estrechar lazos entre la derecha política española y la nacionalista que puedan afectar la continuidad de la mayoría parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez? Pregunta que se pone sobre la mesa a la vista de los esfuerzos empresariales para derogar, o cuando menos reducir sus principales consecuencias recaudatorias, esa figura fiscal que afecta a los sectores más acomodados. De momento, parece que no.
Hace ya tiempo que la patronal catalana Foment, arropada por un buen número de grandes empresarios catalanes y del resto de España, ha desplegado una ofensiva contra ese impuesto que se ha centrado en buscar un acuerdo para que el PP y Junts acuerden una reforma que concite una mayoría parlamentaria que supere al resto de las fuerzas parlamentarias partidarias de mantener el impuesto.
La patronal que preside Josep Sánchez Llibre ha redactado una propuesta de enmienda que plantea deducir de ese impuesto los últimos once años de los rendimientos del trabajo y de las actividades profesionales declaradas por el contribuyente en el IRPF.
Concretamente, el documento pretende dejar exentos de ese impuesto “los bienes y derechos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los rendimientos del trabajo y de las actividades económicas obtenidos por la persona física, tanto en el propio año, como en los últimos diez años anteriores, siempre que hubieran sido objeto de declaración en el IRPF”.
La patronal ha remitido a las dos fuerzas conservadoras una propuesta de enmienda del actual gravamen
Es decir, si la suma de esas rentas supera el valor del patrimonio neto (descontadas deudas), el contribuyente no pagaría. La medida afectaría a las rentas del trabajo y actividades profesionales y excluiría las procedentes de plusvalías y las rentas del capital.
La enmienda debería incorporarse en el actual articulado de la vigente ley del Impuesto de Patrimonio, vigente desde 1991, y afectaría también a la de diciembre del 2022 que, entre otras cosas, crea el “impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas” que grava la riqueza neta que supere los tres millones de euros.
Este último gravamen fue creado con el objetivo de contrarrestar la deducción prácticamente total del impuesto de patrimonio de algunas comunidades autónomas, empezando por la de Madrid, echando mano de sus competencias. El impuesto aprobado en el 2022 no se puede ceder a las comunidades, aunque en el caso de las que sí lo aplican, el contribuyente puede deducir el importe pagado del que le correspondería en la cuota estatal. La patronal quiere que el impuesto desaparezca, ha movido un recurso ante el Tribunal Constitucional y ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional, pero también explora las vías intermedias para jibarizarlo mientras sigue vigente.
Tanto el grupo político que preside Alberto Núñez Feijóo como el de Carles Puigdemont han recibido la propuesta y las fuentes consultadas indican que la han visto con buenos ojos, aunque no han abierto negociaciones ni ven sus posibilidades de futuro de la misma manera.
Los populares optan por esperar a derogar la norma una vez lleguen al gobierno tras unas elecciones
Mientras en el PP consideran que en esta legislatura el Gobierno impone el bloqueo de los cambios o medidas que se plantean desde la oposición, en el caso de Junts aún ven margen para cuajar mayorías coyunturales alternativas sin necesidad de poner en peligro la continuidad del Gobierno de Sánchez.
En el PP aseguran que aunque ven con buenos ojos la propuesta de la patronal catalana, especialmente el hecho de que quedasen exentos los rendimientos del trabajo y las actividades profesionales, fruto de la economía más productiva, su posición es la de derogar el impuesto de patrimonio. Y no quieren que parezca que dejan margen para mantenerlo vigente ni tan solo con menor impacto.
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, afirma que “nosotros eliminaremos ese impuesto cuando lleguemos al Gobierno”. Los populares cargan contra el gravamen sobre el patrimonio porque ya no existe en el resto de Europa y genera un efecto de expulsión de contribuyentes que se buscan otras residencias y dejan así de pagar todos los impuestos. “En Francia, Emmanuel Macron ya lo eliminó precisamente por eso”, argumenta Bravo. El PP reconoce que en el ámbito de la política económica hay muchas coincidencias con Junts, y especialmente en el aspecto fiscal, pero cree que la coyuntura política no deja margen para avanzar en esta vía.
En la misma línea, la formación independentista asegura que “el PP sabe que si ellos impulsan medidas de rebajas de impuestos, tendrán nuestro apoyo porque forma parte de nuestra orientación de política económica. Somos partidarios siempre de rebajar impuestos”. También recuerdan que la formación independentista es muy crítica con el modelo fiscal vigente y que debe abarcarse su cambio de manera global, incluyendo aspectos como el “dumping de Madrid”. La formación catalana cuenta con, entre otros, Jordi Turull, secretario general, y Albert Batet, responsable del grupo parlamentario en el Parlament, como interlocutores con el mundo económico y las empresas del Ibex.
Los independentistas están dispuestos a votar a favor del texto de Foment “si el PP lo presenta”
Uno de los argumentos de Sánchez Llibre para defender ante sus pares de la CEOE la conveniencia de la ley de Amnistía y la normalización de Junts en la vida política catalana y española era precisamente su capacidad para conformar en el ámbito económico un frente parlamentario conservador. Este ya se ha concretado en ámbitos relevantes como la oposición a la ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, el bloqueo del impuesto temporal a las energéticas o la participación sindical en los consejos de las empresas, entre otros asuntos.
