El Senado ha apoyado el primer trámite para llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por la falta de presupuestos. En concreto, la iniciativa del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha contado también con la abstención de Vox, Esquerra y Bildu.
La iniciativa se ha debatido en un pleno en el Senado de alto voltaje y ya es el noveno conflicto de atribuciones que plantea la Cámara Alta. Hasta ahora, el Senado solo se había dirigido contra el Congreso o contra el Congreso y el Gobierno, pero nunca contra la Moncloa en solitario. Por tanto, esta es la primera vez que plantea esta iniciativa contra el Gobierno.
Con este instrumento, el Senado tiene la posibilidad de acudir ante el Constitucional para recurrir maniobras que considere que tanto el Gobierno como el Congreso hacen y son inconstitucionales.
En este caso, el Senado considera que el Gobierno está incumpliendo por tercera vez consecutiva el artículo 134.3 de la Constitución, que recoge lo siguiente: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Hasta el momento, el Ejecutivo lleva sin hacerlo desde 2022, ya que en 2023, 2024 y 2025 no ha presentado presupuestos.
El debate en el Senado ha sido bronco porque el presidente Pedro Rollán ha tenido que llamar dos veces al orden a la senadora del PSOE María Martín, quien evitaba hablar de los presupuestos del Estado para referirse a las cuentas de Castilla y León. Rollán ha reclamado en todo momento que la senadora socialista se ciñera al tema que se debatía.
En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha logrado aprobar el techo de gasto, pero ha visto cómo las Cortes han tumbado sus cuentas tras un informe de los letrados en contra por incumplir requisitos legales de plazo.
Con este conflicto de atribuciones, ya van nueve presentados por el Senado y todos ellos han sido admitidos por el órgano de garantías, aunque están pendientes de resolución. El primero de todos fue contra la amnistía, aunque quedó en suspenso porque, finalmente, el PP y las autonomías populares presentaron un recurso ante el Constitucional.
También se han presentado conflictos contra el Congreso y el Gobierno por corregir una Ley a través del BOE sin votarla en el hemiciclo o por levantar enmiendas (una de ellas por valor de 1.200 millones de euros para las aerolíneas) que se habían aprobado en el Senado sin pasar por el filtro de los diputados.
En esta cuestión sobre los presupuestos, el partido de Alberto Núñez Feijóo contaba con un informe jurídico favorable a acudir al Tribunal Constitucional desde hace meses, pero ha preferido optar por presentar ahora la iniciativa, justo cuando el Gobierno ha pasado la fecha límite del 1 de octubre sin presentar las cuentas. El PP también tiene previsto impulsar una reforma legislativa para modificar la Constitución y la Ley General Presupuestaria y obligar a la convocatoria de elecciones si se producen dos prórrogas presupuestarias.
Ahora mismo, el Gobierno encadena dos prórrogas presupuestarias y va camino de la tercera ya que ha superado el 1 de octubre sin presentar las cuentas, tal y como mandata la Constitución.
