
El precio de la vivienda sigue en ascenso y no parece que vaya a tocar techo al menos este año. Las previsiones de crecimiento de la Sociedad de Tasación apuntan a un 8,7% de alza de los precios a cierre de año, cuando las estimaciones al cierre del año pasado consideraban un crecimiento de los precios del 5%.
Así, en el primer semestre del año, el crecimiento de la demanda ya ha pulverizado estas previsiones. Según los datos de Sociedad de Tasación, el precio medio de la vivienda nueva alcanzó en junio de 2025 los 3.151 €/m², máximo histórico de la serie, tras un incremento interanual del 7,5 %. Las proyecciones de la compañía apuntan a un récord para el cierre de 2025, con un precio medio estimado de 3.291 €/m², lo que supondría un incremento anual del 8,7 %. En términos absolutos, el precio
medio de una vivienda de obra nueva de 100 metros cuadrados en España se situaría en 329.100 euros.
Ni la directora de Instituciones en Sociedad de Tasación, Consuelo Villanueva ni la analista estratégica de Mercado en la compañía, Leticia Sánchez, responsables de la rueda de prensa de esta mañana, se atrevieron a poner un cierre al ciclo expansivo que experimenta actualmente el mercado inmobiliario. La demanda sólida, sumada la oferta limitada, además de un momento económico estable en términos macroeconómicos impulsan el precio y el dinamismo. En términos de actividad inmobiliaria, el número compraventas de vivienda ha registrado un aumento del 15% al cierre del primer cuatrimestre del año. A su vez, la actividad hipotecaria se ha elevado un 18% también al cierre de abril, gracias al buen comportamiento en materia de concesión de hipotecas sobre viviendas también durante el último ejercicio.
El fuerte dinamismo de la demanda viene determinado por tres fenómenos, según la compañía. Por un lado, la progresiva relajación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), con perspectivas de situarse por debajo del 2 % a finales de 2025.
Por otro, la solidez del comprador extranjero, que desde el año 2023 protagoniza de media en torno al 15 % del total de las compraventas de vivienda. Una proporción que supera incluso el 30% en determinados mercados como Islas Baleares, Islas Canarias o Alicante.
Y, por último, las proyecciones demográficas y de formación de hogares para los próximos 15 años que apuntan hacia una intensificación de la presión estructural sobre la demanda. Y es que el INE prevé que en el año 2039 se alcancen los 23 millones de hogares en España, concentrándose un 54% de los nuevos
hogares creados en tan solo siete provincias: Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante y Murcia.
Villanueva advierte sin embargo que este ciclo alcista está provocando una demanda a dos velocidades o dos tipos de demanda. Por un lado, una demanda solvente y muy activa, compuesta por compradores con capacidad adquisitiva, con fuerte presencia de compradores extranjeros, y favorecida por un entorno de tipos bajos. “En un contexto de oferta limitada, este segmento sostiene la actividad y presiona los precios al alza”, afirma y por lo tanto, complica que la escalada alcista se relaje.
Por otro lado, existe una segunda bolsa de demanda que se caracteriza por su escasa capacidad de acceso a la compra y que integra a aquellos que buscan acceder por primera vez a la propiedad (jóvenes), formación de nuevos hogares y una clase media con un poder adquisitivo limitado. “Esta bolsa se va incrementando poco a poco porque no consigue encontrar vivienda que encaje en su nivel de precio”.
Es muy llamativo y relevante que una parte cada vez más significativa de la clase media también enfrenta “crecientes
dificultades de acceso”, señalan. Solo uno de cada cuatro ocupados percibe ingresos superiores a la media salarial
(26.948 € brutos anuales), a la vez que el número de trabajadores con más de un empleo ha crecido un 30% desde la pandemia, según los datos de la Sociedad. “La pérdida de poder adquisitivo de los hogares limita de forma estructural la capacidad de acceso a la vivienda”, afirma.
Villanueva reclama “la entrada de políticas públicas” que mejoren el acceso a la vivienda, como la movilización de suelo público o la producción de vivienda protegida. Pero asumieron que los efectos tardarán en verse, “mínimo dos años”, afirmó.