El PSC, Esquerra Republicana, Comuns y la CUP han firmado este miércoles en el Parlament el Pacto por el Padrón, un manifiesto impulsado por la Xarxa d’Entitats pel Padró -que aglutina a más de ochenta organizaciones sociales de distintos ámbitos- que insta a los ayuntamientos a garantizar el empadronamiento a todas las personas que residen en sus municipios. Esto es blindar este trámite a todos los que habitan en dichas localidades con independencia de su situación administrativa o habitacional.
El texto, que incluye siete acuerdos, subraya que “todas las personas residentes en Catalunya deben tener acceso al padrón del municipio en el que viven sin ningún tipo de discriminación”. Desde esta perspectiva, recuerdan que la inscripción al padrón es algo obligatorio “jurídicamente” para las personas y también para los ayuntamientos, que deben “garantizar y facilitar el ejercicio de esta obligación”.
El pacto, que se empezó a trabajar con los partidos a principios de abril, destaca que el empadronamiento da acceso a derechos básicos como la educación, la salud o los servicios sociales. Precisamente los impulsores del manifiesto quisieron plantear esta iniciativa ante la “grave situación de exclusión residencial que se sufre en Catalunya”.
En esta línea, hacen alusión a la disparidad de criterios que hay en este trámite entre los municipios catalanes -lo que supone una “desigualdad territorial”- y hacen un llamamiento a superar las “trabas” existentes: “Poner obstáculos, dificultar, alargar el proceso o negar el empadronamiento de las personas en el municipio en el que efectivamente viven no solo es dificultar el ejercicio de sus obligaciones, sino que también obstaculiza el acceso a derechos humanos, especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidad”.
El documento incluye otros compromisos, como propugnar una mayor transparencia de los consistorios en estos procesos, el fomento de políticas de empadronamiento activo o el “respeto a la legalidad vigente” y la tramitación de estas inscripciones al padrón “con la máxima diligencia”.
Las entidades han acordado con los cuatro grupos parlamentarios que han suscrito el pacto la creación de una comisión técnica de seguimiento. Se reunirán cada seis meses para “evaluar la aplicación” de los compromisos, abordar las “dificultades” en algunas casuísticas y contemplar “mejoras” para garantizar que se cumplen las obligaciones previstas en la legislación.
Los cuatro partidos que no se han sumado al pacto son Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana. En el caso de JxCat, su secretario general, Jordi Turull, y la secretaria de organización, Judith Toronjo, remitieron una carta a la Xarxa d’Entitats del Padró en la que detallan los motivos por los cuales no se adhieren por ahora al manifiesto.
En dicha misiva, ambos dirigentes aseguran “no discutir ninguno de los derechos fundamentales” que recoge el texto, pero lamentan que “no se aborda con profundidad cuestiones fundamentales para la gestión del padrón que sean coherentes con las herramientas y recursos que tiene el país en estos momentos”. Por ello, hablan de un “problema grave de recursos” con “ayuntamientos colapsados que tienen que asumir responsabilidades cada vez mayores sin el respaldo financiero ni logístico adecuado para dar respuesta al crecimiento demográfico en sus municipios”.
Por otro lado, los posconvergentes reprochan que no se haya invitado a las entidades municipalistas como la Associació Catalana de Municipis o la Federació de Municipis de Catalunya a sumarse al pacto. En esta línea, defienden abordar esta cuestión “desde un debate sereno y constructivo” con “soluciones realistas y efectivas”. Entre otros temas, hablan de tratar los “retos reales”, como la okupación o el fraude en el empadronamiento, pero mantienen la puerta abierta a un “diálogo constructivo” para poder introducir “modificaciones”.
Cabe recordar que, recientemente, Junts aprobó en su última convención municipalista un documento en el que apuestan por no permitir la inscripción en el padrón a los okupas o que la gente no se pueda empadronar en equipamientos municipales o en la calle.
Sin embargo, Moviment d’Esquerres, que tiene un convenio de colaboración con Junts y forma parte de la ejecutiva de los posconvergentes, sí que ha firmado el pacto porque “entronca con la reivindicación de los derechos humanos básicos de los cuales se derivan los derechos sociales”.
