No es extraño que los socios de un Ejecutivo de coalición discrepen en asuntos puntuales. Lo sorprendente es que ninguno de ellos intente disimular esas diferencias cuando aún queda más de la mitad de la legislatura por delante. Y aún más llamativo es que ambas partes decidan airearlas al mismo tiempo ofreciendo una imagen de división que, cada una por su lado, podrían haber evitado o rebajado fácilmente. El caso es que en esa situación se encuentran ahora mismo PSOE y Sumar.
Porque la firme intención de vetar las leyes registradas en el Congreso de los Diputados para eximir del pago del IRPF a las personas que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) que ayer confirmaron fuentes del ministerio de Hacienda bien podría haberse anunciado la semana que viene, cuando vencía el plazo.
A lo que hay que añadir la firme voluntad de Sumar de apoyar este mediodía con sus votos una moción presentada por el BNG para rechazar el plan europeo de rearme que, más allá de permitirle al espacio confederal fijar su posición ante su electorado, no tiene implicaciones legales para el Gobierno ni el PSOE.
Sin embargo, ambas fuerzas han optado por el enfrentamiento, lo que brinda al PP la oportunidad de propinar sendos reveses parlamentarios al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y lo hace en un momento clave para Alberto Núñez Feijóo, tras la controversia generada por el pacto presupuestario autonómico que el presidente valenciano, Carlos Mazón, cerró esta semana con Vox.
Entre ambos puntos de fricción, el más delicado es el impositivo. El Ministerio de Hacienda liderado por la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, confirmó ayer que ejercerá su derecho a veto para tumbar en la Mesa del Congreso la iniciativa de Sumar –impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz– que propone eximir de tributación a los perceptores del SMI por mucho que “el salario base español haya experimentado un incremento del 47% en los últimos cinco años”, como argumentan desde el PSOE.
Pero el Ministerio de Trabajo no piensa quedarse de brazos cruzados. La subida del salario mínimo es, junto a la reducción de jornada, la piedra angular de la agenda de Sumar. Cualquier paso atrás, consideran, perjudicaría su imagen y su proyección electoral.
El grupo popular podría apoyar a Sumar en su pugna por la no tributación del salario mínimo
De ahí que estén dispuestos a “hacer lo que sea necesario para garantizar lo que definen como la justicia fiscal en España” y que las rentas de 16.000 euros no paguen el IRPF. “Trabajaremos hasta el último minuto para alcanzar un acuerdo. Creemos que es posible”.
Sumar se apoya en el reciente pacto alcanzado por el PSE y el PNV en el País Vasco para que los salarios de hasta 19.000 euros queden exentos de tributar en el IRPF.
“Resulta que el PSOE en Euskadi nos está adelantando por la izquierda mientras nos pone obstáculos en el resto del país”, se quejaban tirando de ironía.
Aunque, por si la negociación fracasa, Sumar tiene en marcha un plan B para el que cuenta con el apoyo del PP. Tal y como confirmaron en los pasillos del Congreso, los populares “harán lo que sea (también en la Mesa) para que los que cobran el SMI no tengan que tributar”. O bien apoyando la proposición de ley de Sumar. O bien invitando a Sumar a apoyar la que los populares también tienen registrada por su lado con el mismo propósito. Sumar no ha dicho explícitamente que vaya a rechazar ese cáliz.
De cualquiera de las dos maneras, la pinza está servida ya que el PSOE, con tres asientos, está en minoría en la Mesa del Congreso frente a los dos de Sumar y los cuatro del PP.
Anticipándose a lo que pueda ocurrir, desde el grupo plurinacional argumentan que la ruptura de las dos fuerzas del Gobierno en la Mesa no sería un drama, dado que “Sumar y PSOE son partidos autónomos y ya han discrepado puntualmente en otros asuntos”. Aunque también admiten que esta disputa es más grave que las acontecidas hasta la fecha.
Los socios de Gobierno podrían haber evitado que las desavenencias coincidieran en el mismo momento
Así las cosas, queda por ver si cada cual lleva sus posicionamientos hasta el final. De ser así, el PSOE ha deslizado la posibilidad de recurrir la posible alianza de Sumar y PP elevando el asunto al Tribunal Constitucional esgrimiendo que está en su derecho de vetar una modificación presupuestaria que vaya en perjuicio de las cuentas generales al implicar una merma de ingresos
Los populares, por su parte, creen que la doctrina constitucional está de su lado porque, aunque la medida se apruebe en este 2025, no impactará hasta la declaración de la Renta de 2026. Es decir, a cargo de un presupuesto futuro.
