—¿Me da usted su DNI?, le pedía, como a todos a quienes han ido llegando esta mañana al control de acceso de la Audiencia Nacional, el agente que supervisaba el paso.
—¿Y si le doy mejor esto?, le preguntó mientras mostraba su placa de la Policía Nacional, que lucía en una parte de la cartera.
—No, le contestó rotundo.
—¿Pero sabe usted quién soy?, insistió el interesado en acceder a la sala.
—Claro que sí, usted fue Director Adjunto Operativo. Deme, por favor, el DNI.
Quien fuese máximo jefe operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, aún con su placa pese a que fue condenado por el Tribunal Supremo por revelar secretos de los Pujol en un pendrive, entraba en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) veinte minutos antes de que arrancase el -esperado- juicio por el caso Kitchen. Se ha sentado en la primera fila del banquillo de los acusados. A su derecha, la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy: su titular, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. A su izquierda, y en la segunda fila, presuntos miembros de la llamada policía política, acusados todos ellos de urdir, presuntamente, una operación ilegal para espiar al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, con el fin de robarle información sobre la financiación irregular de Génova 13 que pudiera tener en su poder.
El ex comisario José Manuel Villarejo, también acusado, como viene acostumbrando en la ristra de juicios que se celebran contra él, se ha vuelto a colgar la toga para defenderse él mismo. Desde que se abriese la macrocausa Tándem contra él, Villarejo lleva a sus espaldas dos condenas -una de 13 años de prisión y otra de tres-, pero ninguna es firme, por lo que sigue en libertad. Pero el pasado mes de enero sumó su cuarta absolución consecutiva. De ahí que antes de entrar en la sala, comentase con otro acusado que llega “reforzado, con ganas de dar más por culo”. Villarejo también ha saludado -estrechándose la mano- a Fernández Díaz, quien apenas le ha dirigido la mirada, para presentarse como víctima de una supuesta conspiración de quienes le dieron de lado.
Este lunes de pistoletazo de salida, como los próximos tres días tal y como se ha marcado en el calendario, se ha centrado en las cuestiones previas. La decena de acusados serán interrogados en la fase final del juicio, que se estima que se prolongue hasta junio. Antes desfilarán una poderosa lista de testigos, como el ex presidente, y quienes fuesen sus manos derecha en el partido, María Dolores de Cospedal, y en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, estos prolegómenos han servido para intuir el devenir de la vista: abogados de los acusados pidiendo la nulidad de la causa y la anulación de pruebas clave, como los audios de Villarejo, quien se pasó toda una vida grabando de forma subrepticia todas sus reuniones.
Al contrario que el PSOE, que ejerce la acusación popular, que se ha servido precisamente de unos audios de Villarejo con Cospedal, a quien el instructor la dejó fuera de la causa después de imputarla —y tomarle declaración—, para pedir anular el juicio. La letrada del PSOE ha reclamado reabrir la investigación para incorporar tres audios llamados “MD Cospedal”, que muestra la “continuada” relación entre el ex comisario y la ex número dos del Partido Popular, al entender que la X del caso no puede situarse, como más alto, en la figura del exministro del Interior. Los socialistas siempre han defendido que Rajoy pudo estar al tanto de la operación de espionaje.
—¿Qué es la Kitchen? El PP utilizando Interior, jueces, fiscales y policías para destruir las pruebas de su propia corrupción (…) Es la mayor vergüenza de la democracia española (…) sorprenderá si no se ordena [por parte del tribunal] una investigación más amplia sobre quién estaba detrás dando las órdenes y cómo se pagaba.
La defensa de Martínez, por su parte, ha propuesto “exactamente las mismas cuestiones previas que mi compañero”, en referencia al abogado de Francisco Martínez, quien ha pedido al tribunal que anule la celebración del juicio al entender que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente. Lo que se debe determinar es si la operación parapolicial pudo constituir delitos de malversación de caudales públicos —por el uso de fondos reservados para la trama—, prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia —por intentar robar documentos que pudiesen poner en apuros al PP por su causa por financiación irregular—.
Sin embargo, las defensas entienden que el operativo no tendría nada que ver con un encargo a Villarejo, como los otros que se investigan en Tándem. El letrado del exministro del Interior también ha pedido que se anulen los mensajes que llevó ante notario su ex número dos, una de las pruebas clave contra él. En uno de ellos, le informaba que “la operación” contra Bárcenas se había “realizado con éxito”. “Se ha volcado todo”, añadía en supuesta referencia al volcado de la información de los dispositivos electrónicos que robaron al ex tesorero.
