Demasiado a menudo tendemos a hablar de operadores ocupacionales e instituciones laborales como si fueran el auténtico epicentro de las políticas de empleo. Pero la realidad es otra: para quién busca trabajo y para la empresa que necesita cubrir una vacante, el verdadero centro es el puesto de trabajo. Y es precisamente ahí donde surge el riesgo compartido: el riesgo vital de una persona desocupada para conseguir un medio de vida y el riesgo operativo de una empresa para encontrar el perfil que necesita.
¿Quién tiene, pues, la responsabilidad de minimizar este riesgo? ¿La Administración? ¿La patronal? ¿Los sindicatos? ¿O quizá las personas y las empresas de manera individual? La respuesta es clara: sin la implicación de todos juntos resulta imposible construir el ecosistema favorable que facilite el encuentro –el necesario emparejamiento o matching – para cubrir adecuadamente cada vacante.
Equilibrio
Una buena política de empleo tiene que equilibrar proximidad, derechos sociales y eficiencia para evitar vacantes sin cubrir
Desde una óptica estrictamente económica, el trabajo se interpreta como una aportación de valor medida por criterios de mercado y eficiencia productiva, a menudo olvidando la dimensión humana inherente a cualquier tarea. Sin embargo, esta dimensión está y no se puede ignorar. En el otro extremo, la mirada social pone el acento legítimo en el derecho al trabajo y a unas condiciones dignas, aunque a veces olvida que estos derechos tienen que convivir con aspectos como la sostenibilidad, el rendimiento y los equilibrios financieros de la unidad productiva. Así pues, derechos y responsabilidades tienen que ir de la mano: solo desde esta reciprocidad se construye un equilibrio sólido.
En este escenario, las instituciones y el diálogo social están llamados a generar externalidades positivas: invertir en talento y formación, velar por el cumplimiento normativo y acompañar activamente a las personas hacia la inserción. Esta gobernanza de proximidad exige que todas las administraciones se impliquen de verdad al lado del tejido productivo y de la ciudadanía.
La hoja de ruta de las políticas de ocupación en Catalunya ( PDPO), fruto del consenso, fija algunas prioridades ineludibles: una gestión rigurosa de los flujos migratorios, la disponibilidad para trabajar y mejorar la empleabilidad de las personas, y un apoyo decidido a las empresas en la gestión de las vacantes.
Entre todo eso hay que situar una premisa central: reducir al máximo el “riesgo del puesto de trabajo”. No nos podemos permitir vacantes sin cubrir ni ciudadanos sin la oportunidad real de acceder. Solo así construiremos una política de empleo equilibrada, capaz de conjugar productividad económica y justicia social.
