El gran apagón ha sido como la crónica de una muerte anunciada. Desde hacía tiempo el sistema estaba dando señales de que no estaba funcionando bien. Una red obsoleta, falta de baterías y redes de nueva generación, lentitud en la inversión, elevada fiscalidad y un sistema de fijación de precios que incita al fraude. Sin embargo, nadie ha hecho nada porque sus responsables están obcecados en que tenemos el mejor sistema del mundo. La situación recuerda a finales del 2008 cuando el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que la crisis de las hipotecas subprime no afectaría a España porque teníamos el sistema financiero más robusto del mundo. Poco después, la banca fue intervenida por los llamados hombres de negro y la UE nos tuvo que prestar 100.000 millones porque las cajas de ahorro estaban quebradas.
Ha sido necesario que se produjera el mayor apagón, no solo eléctrico sino digital y de comunicaciones, de la historia de España para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salga a decir que son necesarias reformas “para que esto no vuelva a suceder”. Lógicamente estos cambios no pueden adoptarse en colaboración con sus socios de la izquierda radical. Tanto Sumar como Podemos, ERC o Bildu coinciden grosso modo en que se cierren las nucleares, se nacionalice la red de alta tensión y se intervengan las eléctricas. No parece que sea ese el camino para resolver los gravísimos problemas que se han puesto de manifiesto.
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En la última década se ha transformado radicalmente la industria como consecuencia de la digitalización, pero la red de alta tensión no estaba preparada para afrontarlo
Le guste o no a los socialistas, el sistema eléctrico español es un problema de Estado que se tiene que resolver con el Partido Popular, que representa a una buena parte de la opinión pública. No se puede seguir gobernando contra el centroderecha como se ha hecho en la enseñanza, la vivienda, la sanidad o la defensa. Mientras las grandes cuestiones de Estado no se consensúen entre los dos grandes partidos, de forma que no solo se garantice el apoyo de la mayoría política sino también de la mayoría social, España seguirá ahondando en su declive.
Desde hace algunos años, el mundo empresarial ha venido advirtiendo del fuerte aumento del consumo eléctrico que se estaba produciendo. En la última década se ha transformado radicalmente la industria como consecuencia de la digitalización. La IA, la fabricación de nuevos chips, las baterías de litio, los centros de datos, los coches eléctricos, etcétera, consumen muchísima electricidad. Y, sin embargo, la red de alta tensión no estaba preparada para afrontar los nuevos retos. Esta es la razón por la que los grandes proyectos de alto valor añadido no se han podido implementar.
El Gobierno era muy consciente de que la red eléctrica se había convertido en un cuello de botella para el desarrollo económico de España. Esta es la razón por la que ha terminado anunciando que se triplicarán las inversiones en su mejora. No solo es un problema de capacidad, sino también de modernización de la red. Además, el fuerte desarrollo de las energías renovables, sobre todo fotovoltaicas, la han hecho más vulnerable.
Como se ha puesto de manifiesto, puede haber un apagón eléctrico y digital por cualquier motivo. Si realmente hubiera sido un sabotaje, como se ha llegado a decir, cualquier servicio de inteligencia habría dejado fuera de juego a España con un chasquido de dedos. La gran responsabilidad política del presidente del Gobierno ha sido no haber previsto las consecuencias de un apagón en pleno siglo XXI y haber puesto las medidas necesarias para evitarlo. Habría que preguntarse para qué se creó el Centro de Seguridad Nacional (CSN).
