Kilmar Abrego García es el rostro de la derrota del presidente Donald Trump y su pretensión de saltarse la ley a la torera.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, dominado por jueces conservadores, ordenó al gobierno que tome las medidas para facilitar el regreso a Maryland, su hogar desde el 2011, del inmigrante salvadoreño deportado por error a la infame cárcel de El Salvador.
El máximo órgano judicial del país no fue más allá en su resolución, sin firma, sobre el regreso de Abrego García, que disponía de una orden de protección que impedía su deportación, al señalar que los tribunales puede que no tengan el poder para exigir a la rama judicial que cumpla ese mandato.
Así que esto no significa que el departamento de Justicia vaya inmediatamente a cumplir lo dispuesto, entre otras razones porque al recurrir al Supremo venció el plazo impuesto por la juez de primera instancia para la medianoche del pasado lunes.
Sin embargo, los magistrados dan su apoyo en parte a la resolución previa de la juez que había requerido a la administración Trump que “facilitara y efectuara” la vuelta a EE.UU. de ese inmigrante.
“La orden exige apropiadamente que el gobierno facilite la liberación de Abrego García de la custodia en El Salvador y garantice que su caso se maneje como se debería haber tenido que hacer si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador”, señala la resolución.
Pero matiza que “el alcance previsto del término ‘efectuar’ en la orden del tribunal de distrito es, tal vez, nada claro y puede exceder a su autoridad”. El asunto debe regresar ahora a este tribunal por lo que no parece concretarse cuándo y cómo se hará el regreso, que el gobierno rechaza hacer, pese admitir que cometió una equivocación.
“El tribunal de distrito debe clarificar su directiva con la deferencia que se merece la rama ejecutiva al desarrollar su política exterior”, insiste el Supremo. “Por su parte, el gobierno debería estar preparado para compartir lo que pueda sobre las medidas adoptadas y la perspectiva de tomar medidas adicionales”.
Aunque la resolución parece unánime, la magistrada progresista Sonia Sotomayor, con el apoyo de sus dos colegas liberales, Elena Kaga y Ketanji Brown, redactó un pronunciamiento muy crítico con la conducta del ejecutivo y subrayó que habría ratificado todos los aspectos de la orden del tribunal de distrito.
“Hasta la fecha, el gobierno no ha citado, ni podría, una ley básica para el arresto sin orden judicial, su deportación a El Salvador y confinamiento en una prisión de El Salvador“”, indicó. Sotomayor urgió a la juez de distrito federal, Paula Xinis, para “continuar garantizando que el gobierno satisface sus obligaciones de cumplir la ley”.
Criticó, además, que el juez Roberts, presidente del Supremo, no debería haber impuesto una pausa el pasado lunes que impidió el cumplimiento de la hora límite fijada por la juez Xinis.
Según el Departamento de Justicia, el Supremo reconoce en su fallo que “es una prerrogativa exclusiva del presidente desarrollar la política exterior” Y añadió que esta resolución “una vez más ilustra que los jueces activistas carecen de jurisdicción para hacer la política exterior”.
“El estado de derecho ganó hoy”, subrayó Andrew Rossman, uno de los abogados de Abrego García. “Es el momento de que regrese a su casa”, precisó. Jennifer Vasquez, la esposa del inmigrante y ciudadana estadounidense, explicó el efecto negativo que está teniendo esta separación, sobre todo en su hijo de cinco años, y prometió que no cesará en su empeño hasta que su marido vuelva a su hogar.
Durante el primer mandato Trump, Abrego García obtuvo el estatus de protección. Había salido de su país con 16 años huyendo de la amenaza de las bandas criminales. Esa protección se le reconoció después de que se descartara que había formado parte de la banda MS-13, cuestión que se investigó por la declaración de un detenido, sin que se hallará nada en concreto.
Tras una primera comparecencia judicial tras la deportación en la que se reconoció el error, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, indicó que no podían hacer nada por traerlo de vuelta porque ya estaba bajo la jurisdicción de otro país.
Pero la escalada judicial fue a más el pasado fin de semana. El gobierno insistió en su falta de jurisprudencia ante una nación extrajera, además de insistir sin pruebas de que Abrego García formó parte de una banda.
La juez Paula Xinis respondió con la imposición de ese plazo hasta la medianoche del lunes, en una resolución en la que calificó de “totalmente ilegal” su deportación, “un shock a la conciencia”. Según su resolución, “no existe justificación alguna, ni se demostró que fuera miembro de una banda”.
En su petición de emergencia al Supremo, el procurador general John Sauer subrayó que la juez Xinis se había excedido en su autoridad al involucrar al tribunal en la diplomacia porque su decisión requiere trabajar con el gobierno de El Salvador para garantizar ese regreso.
“Si este precedente se mantiene, otros tribunales de distrito pueden ordenar a Estados Unidos que negocie con éxito el regreso de otros extranjeros expulsados en cualquier parte del mundo mediante acuerdos comerciales estrechos”, razonó. “Bajo esta lógica, los tribunales de distrito dispondrían efectivamente de jurisdicción extraterritorial por encima de la diplomacia de Estados Unidos en su relación con el mundo entero”, añadió.
Para Sauer, carece de importancia que un juez de inmigración previamente prohibiera la deportación de Abrego García a El Salvador. “Aunque el gobierno de EE.UU. reconociera que la expulsión fue un error administrativo, esto no da licencia a un tribunal de distrito a tomar el control de las relaciones exteriores, trate a la rama ejecutiva como una subordinada en la diplomacia y pida que Estados Unidos permita a un miembro de una organización terrorista regresar durante la noche americana”, insistió.
La administración reiteró así en ese pronunciamiento que Abrego García, de 29 años, forma parte de la MS-13, lo que la juez Xinis ya descartó por ser “una acusación singular sin fundamento”.
El caso tiene, además, una víctima colateral. El fiscal Erez Reuveni fue suspendido en su trabajo en el Departamento de Justicia porque, ante la juez, reconoció que Abrego García “no debería haber sido deportado”.
Reuveni explicó a la magistrada Paula Xinis que, pese a ser el subdirector interino de la división de litigios de inmigración del departamento, no sabía la razón del arresto. “También me siento frustrado porque no tengo respuestas para muchas de esas preguntas”, contestó.
