El Tribunal Supremo ha enviado a los juzgados ordinarios la demanda de protección del derecho al honor contra la dirigente de Podemos Ione Belarra interpuesta por el antiguo juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ahora jubilado.
El magistrado, contra quien se cargó en los últimos meses por abrir una causa de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont, alegaba que la diputada había vulnerado su derecho al honor al publicar dos mensajes (tuits) en su cuenta de la red social X (antes Twitter), con motivo de su jubilación en los que se refería a éste como “este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España” y que García-Castellón “continúa la guerra sucia judicial contra Podemos. Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena”.
La demanda había sido interpuesta ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por ser Belarra diputada y por tanto aforada y al atribuir la competencia a esta Sala para conocer las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo dirigidas contra, entre otros, diputados y senadores.
Sin embargo, el Supremo explica la demanda tiene por objeto unas manifestaciones de Belarra que contienen opiniones que tienen relación con la actividad de la demandada como dirigente política y diputada, pero que no han sido realizadas propiamente “en el ejercicio de su cargo” de diputada, dado el contenido, medio a través del que se han realizado, contexto y momento en que se produjeron.
“Las manifestaciones contienen descalificaciones al juez demandante publicadas en el momento de su jubilación, fueron realizadas en la cuenta de la que la demandada es titular en una red social y no son una reproducción de un acto parlamentario ni concurre una conexión prolongada por literalidad o en estrecha o acreditada conexión con un acto parlamentario”, subraya.
