El Ministerio de Justicia ha iniciado los trámites para revisar el indulto solicitado por dos ciudadanos particulares a favor del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados.
Según fuentes ministeriales, una vez que ha recibido la petición de indulto lo primero que ha hecho es remitir la solicitud al Tribunal Supremo para pedir el informe pertinente sobre la idoneidad de la concesión de la medida de gracia. Se trata de un informe preceptivo pero no vinculante.
La petición, adelantada por El País y confirmada por La Vanguardia, ha llegado de parte de dos ciudadanos. Justicia, según estas fuentes, ha iniciado el trámite, según marca la ley. Solicitará informe a las partes del proceso que serán analizados por el departamento que dirige Bolaños.
Una vez emitido su propuesta de indulto Justicia lo enviará al Consejo de Ministros para su aprobación. Esta petición va en paralelo a lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional una vez que García Ortiz recurra en amparo la condena. Todavía está esperando que la Sala de lo Penal resuelva el incidente de nulidad presentado. Una vez quede resuelto, el exfiscal general podrá acudir al órgano de garantías.
Esta petición coincide con un manifiesto firmado por 150 juristas a favor de la anulación de la condena a García Ortiz. Entre los firmantes hay catedráticos, fiscales y magistrados eméritos del Tribunal Supremo como Perfecto Andrés, Joaquín Giménez, Alberto Jorge Barreiro o José Antonio Martín Pallín.
“La condena descansa en una interpretación sumamente distorsionada del delito de revelación de secretos. La sentencia califica como delictiva la publicación de una nota de prensa oficial que no reveló ninguna información nueva y que se limitó a reproducir datos ya difundidos por los medios de comunicación. Confirmar una información previamente pública no equivale a revelar secretos, conducta que es la única penalmente reprochable, como señaló inequívocamente el voto particular”, recoge el manifiesto.
En el manifiesto se explica que la nota de prensa “perseguía desmentir una acusación falsa, grave e incluso delictiva sobre el funcionamiento de la Fiscalía”. Por tanto, entiende que “existía un interés público evidente en informar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Sancionar penalmente esa actuación supondría atar de pies y manos a la Fiscalía General del Estado frente a bulos, mentiras y acusaciones falsas”.
Por eso, los firmantes sostienen que la condena no debió producirse. “No quedó probada la filtración del correo y la nota de prensa no constituye delito de revelación de secretos. Se imponía la absolución conforme a un principio básico de todo Estado democrático: nadie puede ser condenado penalmente sin pruebas claras y concluyentes”, sostiene.
La Sala de lo Penal del Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelar a un periodista un correo electrónico con información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Concretamente se trataba de un ofrecimiento de su abogado a la Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad para evitar el juicio por dos delitos fiscales. Después se comunicó esos contactos a través de una nota de prensa, que pretendía desmentir una información falsa o errónea distribuida por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso.
