El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha vuelto a fallar en favor de la Administración de Donald Trump. Por una mayoría de siete a dos jueces (con una de las tres progresistas uniéndose a los conservadores), ha suspendido la orden de un juez inferior que ordenó a la Casa Blanca readmitir a 16.000 trabajadores en periodo de prueba que habían sido despedidos bajo el plan de reducción de costes liderado por Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental.
El juez de distrito de San Francisco, William Alsup, dictaminó que la Oficina de Gestión de Personal, la agencia de recursos humanos del Gobierno, no tenía la autoridad legal para ordenar despidos masivos en otros departamentos, concretamente los de Agricultura, Defensa, Energía, Interior, Tesoro y Asuntos de Veteranos. La Casa Blanca recurrió la orden y se encuentra en estos momentos en un Tribunal de Apelaciones, pero el Supremo ha intervenido y la ha suspendido hasta que se pronuncie dicha corte.
El argumento de la mayoría para suspender la orden del juez Alsup es que los sindicatos que presentaron la demanda no se vieron directamente afectados por los despidos, por lo que no tenían la capacidad legal para impugnarlos. “La orden judicial del Tribunal de Distrito se basó únicamente en las alegaciones de las nueve organizaciones sin ánimo de lucro demandantes en este caso. Pero, según la ley establecida, esas alegaciones son actualmente insuficientes para respaldar la legitimidad de las organizaciones (para presentar la demanda)”, escribe la mayoría en su fallo.
De este modo el alto tribunal no se pronuncia sobre la legalidad de los despidos, algo que solo hará en el caso de que el Tribunal de Apelaciones falle en contra de la Administración y esta decida recurrir. Es decir, se pronuncia sobre la forma de la impugnación y no sobre el fondo, como ocurrió ayer, cuando el Supremo suspendió la orden del juez que había bloqueado las deportaciones de Trump a El Salvador bajo la ley de Enemigos Extranjeros.
La batalla judicial por los despidos masivos de trabajadores en periodo de prueba –los que normalmente llevan menos de un año empleados para el Gobierno y que gozan de menores protecciones laborales– seguirá en los tribunales. En un caso separado, que no ha llegado al Supremo, otro juez federal de Maryland ordenó al Gobierno readmitir a trabajadores de prueba despedidos en 18 departamentos, tras la demanda de 24 estados demócratas y el Distrito de Columbia. La resolución de este otro caso, que también podría alcanzar la máxima instancia judicial, determinará la legalidad de los despidos.
