El primer traslado a la Península de menores migrantes no acompañados demandantes de silo procedentes de Canarias se ha iniciado este lunes, más de cuatro meses después de que el Tribunal Supremo ordenara al Gobierno central asumir la tutela. La operación que prevé el desplazamiento semanal de unas decenas de menores, ha arrancado en medio de críticas por parte de varias comunidades autónomas, que denuncian improvisación, falta de información y ausencia de coordinación.
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha acusado al Ejecutivo de actuar »con cierta improvisación y falta de concreción» y ha reclamado protocolos claros para un proceso que, asegura, »no puede tratar a los menores como mercancías». Clavijo ha lamentado que no se haya comunicado con antelación la identidad de los cuidadores ni de la lista de niños que se desplazarán en las próximas remesas, y ha recordado que Canarias mantiene la tutela de estos menors hasta que llegan a su destino. »Se están utilizando políticamente a los más vulnerables entre los vulnerables», ha advertido, subrayando que la situación en las islas es de »emergencia migratoria» y que la reubicación total podría alargarse más de diez meses.
En Baleares, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha tachado de »cínico e hipócrita» que el Gobierno imponga un reparto foorzoso mientras »omite su responsabilidad directa». Ha recordado que los Consells Insulares están por encima del 1.000 por ciento de ocupación y que las islas son una de las principales puertas de entrada de migrantes por la peligrosa ruta marítima desde Argelia. Fernández ha adelantado que estudiarán medidad para impedir un reparto que, a su juicio, trata a los menores »como mercancías».
Por su lado, la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, ha ido más allá y ha acusado a Pedro Sánchez de ser »responsable de hechos xénofobos» y de alentar con sus políticas reacciones como la colocación de una valla en El Ejido con mensajes de rechazo a migrantes de origen árabe. Andalucía, que prepara un recurso de inconstitucionalidad contra el reparto, denuncia que el Ejecutivo »rompió unilateralmente» los acuerdos de coordinación alcanzados en 2022 y que impone criterios »no equitativos» sin garantizar recursos suficientes. »Somos una tierra solidaria, pero esto no es solidaridad, es imposición», ha sentenciado.
