Durante los primeros meses de la pandemia, el Gobierno adoptó medidas extraordinarias para combatir los efectos del COVID-19. Entre ellas, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor permitieron a miles de empresas suspender temporalmente contratos sin incurrir en despidos, mientras el Estado asumía el coste de las prestaciones por desempleo y exoneraba las cotizaciones sociales (RD 463/2020).
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la gestión de estas ayudas entre marzo de 2020 y marzo de 2022. El informe recoge que más de 558.000 empresas se acogieron a los ERTE-COVID, beneficiando a 4,15 millones de personas trabajadoras. El gasto público destinado a prestaciones por desempleo alcanzó los 18.272 millones de euros mientras que las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Sociales se elevaron a 7.964 millones de euros.
Aunque el impacto inicial fue notable -las medidas alcanzaron al 22% del empleo asalariado y al 40% de las empresas con plantilla-, el Tribunal de Cuentas advierte de deficiencias en el procedimiento de gestión.
Según el informe, la falta de una aplicación informática específica (en la Dirección General del Trabajo) dificultó la trazabilidad de estos expedientes tramitados en un momento de excepcional incremento de solicitudes lo que “ha conllevado la emisión de resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas”. Además, la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades laborales competentes ha impedido un control adecuado sobre los ERTE-COVID “provocando, en ocasiones, la autorización por órganos que no eran competentes”.
Asimismo, en ocasiones, el SEPE no ha dispuesto de información relativa a la necesaria constatación de la concurrencia de la existencia de fuerza mayor para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo al no existir un procedimiento de notificación de resoluciones entre las autoridades laborales competentes.
La fiscalización ha detectado 10.896 beneficiarios de prestaciones por valor de 25,4 millones de euros cuya inactividad no fue comunicada por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social.
En relación con las exoneraciones de cuotas, las actuaciones de control de la Seguridad Social detectaron indicios de incumplimiento que podrían afectar a 278.757 empresas y a 1,7 millones de personas. Los casos fueron trasladados a la Inspección de Trabajo para su análisis.
El informe también señala que el SEPE tuvo que recurrir a su propio remanente para financiar las prestaciones por desempleo, con un desembolso de 13.535 millones de euros, sin haber recibido directamente los fondos europeos previstos para este fin.
A 16 de mayo de 2024 seguían inactivas 411.310 empresas acogidas inicialmente a los ERTE, y solo el 62,21% de las personas trabajadoras había retornado a su mismo centro de trabajo.
El Tribunal de Cuentas recomienda a la Dirección General de Trabajo que implante un procedimiento informatizado de tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo y que impulse un protocolo de intercambio de información entre las autoridades laborales. Asimismo, recomienda al SEPE que analice y revise el adecuado reconocimiento de las prestaciones abonadas a 10 896 beneficiarios sin situación de inactividad comunicada por su empresa a la TGSS.
