El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado una importante victoria al programa migratorio de la Administración de Donald Trump. La máxima instancia judicial le permitirá, por el momento, revocar un programa humanitario del mandato de Joe Biden que concedió la residencia temporal a 530.000 inmigrantes procedentes de países en guerra o con agitación política. La mayoría de las personas afectadas son originarias de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, y afrontan ahora una posible deportación hacia estos países, en los que volverán a una situación de vulnerabilidad todavía mayor.
El fallo, en respuesta a una de las múltiples solicitudes de emergencia presentadas por la Casa Blanca en las últimas semanas, ha sido emitido con una mayoría de siete jueces a dos, con el disenso de las progresistas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor. A diferencia de lo que suele ocurrir en este tipo de órdenes, en esta ocasión no está firmada ni ofrece ninguna justificación.
La magistrada Ketanji Brown Jackson disiente: “Trastornará precipitadamente el sustento de medio millón de personas”
Sí hay un argumento de disenso por parte de Brown Jackson, que denuncia que la mayoría de los nueve magistrados no ha tenido suficientemente en cuenta “las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastorne precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamaciones legales están pendientes”.
La Administración Biden amplió el alcance de este mecanismo legal, llamado “libertad condicional humanitaria”, que facilita la entrada a EE.UU. de inmigrantes de países con situación de inestabilidad y les permite obtener más rápidamente un permiso de trabajo. Primero lo amplió para los ucranianos, después para los venezolanos y finalmente para los cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Se trata de un mecanismo muy parecido al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), pues otorga un permiso temporal de residencia, aunque, a diferencia de este, los beneficiarios son solicitantes individuales y no grandes grupos, y reciben un permiso de trabajo.
La Casa Blanca ya logró a principios de mes que la justicia le diera la razón en la deportación de 350.000 inmigrantes venezolanos, a quienes les había revocado el Estatus de Protección Temporal. Ahora consigue una victoria más significativa, que le permitirá expulsar a otras 500.000 personas.
Los dos fallos de la máxima instancia judicial, cuya mayoría conservadora de 6 a 3 jueces fue cimentada por los tres nombramientos de Trump en su primer mandato, allanan el camino del Gobierno para seguir adelante con su programa migratorio.
Por el momento, la mayoría de las decisiones que ha tumbado el Supremo de la Casa Blanca han sido relativas a una cuestión de competencias, como cuando impidieron algunas deportaciones bajo la ley de Enemigos Extranjeros, pero no se pronunciaron sobre el fondo de la cuestión.
El programa humanitario ampliado por Biden, limitado por Trump con el beneplácito del Supremo, permitió a cientos de miles de inmigrantes buscar refugio en el país por la vía legal, en vez de entrar al país por rutas peligrosas y entregarse a la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo. La medida redujo drásticamente el número de encuentros fronterizos y la inmigración ilegal.
Sin embargo, los republicanos se opusieron desde el principio a estos programas de libertad condicional humanitaria, argumentando que permiten la inmigración de personas que de otra manera no reunirían los requisitos de entrada a EE.UU. Algunos estados republicanos, como Texas, demandaron a la Administración Biden alegando que la medida suponía una carga añadida a sus costes de sanidad, educación y seguridad, pero la justicia dio entonces la razón a la Casa Blanca.
Trump eliminó esos programas al poco tiempo de regresar al poder y, ante la demanda de los abogados de algunos inmigrantes afectados, un juez federal de Massachusetts suspendió temporalmente su revocación. En mayo, un tribunal de apelaciones confirmó esa suspensión, por lo que la Administración Trump presentó una solicitud de emergencia al Supremo. Finalmente, el alto tribunal le ha dado la razón, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, y ha eliminado la suspensión temporal de la revocación del estatus legal de los 530.000 inmigrantes afectados.
