Con la crisis de Ceuta todavía abierta, y justo un año después de que una ola de protestas juveniles recorriera el país, Marruecos acude hoy a las urnas para renovar el Parlamento.
El resultado de estas elecciones legislativas –las sextas desde el comienzo del reinado de Mohamed VI– no solo determinará el reparto de los 395 escaños de la Cámara de Representantes para los próximos cinco años, sino también la futura composición del Gobierno, ahora liderado por el conservador Reagrupamiento Nacional de los Independientes (RNI) en coalición con el centrista Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM) y el nacionalista Istiqlal.
Los comicios, sin embargo, tienen mucho de mero trámite, ya que la Constitución marroquí concede escaso margen de maniobra al Parlamento y al Ejecutivo: todo lo que de verdad importa se decide en el Palacio Real. Además de ser el encargado de nombrar al jefe de Gobierno, el rey ejerce un control directo sobre los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores y Asuntos Religiosos, y es el que define la orientación estratégica del Estado.
Esto, sumado al veto de las formaciones que se apartan de la línea oficial, hace que las elecciones generen escaso entusiasmo entre los llamados a las urnas. ¿Para qué votar si nada va a cambiar?
En los últimos años, la participación electoral ha oscilado entre el 35 y el 50%, y todo apunta a que los comicios de hoy se moverán por esa horquilla: de los 28 millones de marroquíes en edad de votar, tan solo 15,8 se han inscrito para hacerlo, casi dos millones menos que en las elecciones del 2021. Y no todos acabarán yendo al colegio electoral.
Todavía más preocupante es la desmovilización entre los jóvenes: la franja de entre 18 y 24 años constituye el 12% de la población, pero apenas representa el 3% de los votantes registrados. Un dato demoledor que evidencia el desapego de una generación que no halla respuestas a sus problemas en la política tradicional.
La clase dirigente se muestra incapaz de hacer partícipe a la ciudadanía del dinamismo generado por el llamado Nuevo Modelo de Desarrollo, el ambicioso plan con el que Marruecos busca consolidarse como uno de los principales polos industriales y logísticos del norte de África.
La construcción de infraestructuras como el puerto de Tánger Med –el mayor del Mediterráneo– o las inversiones vinculadas al Mundial de Fútbol del 2030 se inscriben en esta apuesta estratégica de Rabat, desplegada en paralelo a una política exterior cada vez más activa, que se ha traducido en el reconocimiento de EE.UU., España y Francia a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y en la normalización de las relaciones diplomáticas con Israel.
Los indicadores macroeconómicos dibujan un país en pleno despegue: en el 2025, el PIB creció un 4,9%, y para este año se prevé un alza del 4,2%. Pero en los hogares la realidad es otra: según una encuesta estatal reciente, el 78% de la población considera que su situación financiera se ha deteriorado. La tasa de desempleo alcanzó el 13% el año pasado, y se elevó al 37,2% entre la población de entre 15 y 24 años. El salario mínimo se sitúa en los 320 euros mensuales y la pensión mínima, en los 100 euros.
Ante este escenario, muchos jóvenes –hasta un 42,6%, según una encuesta del Centro Marroquí de la Juventud– se muestran dispuestos a abandonar el país. Incluso sin papeles y arriesgando su vida, como se evidenció en la crisis de Ceuta, donde al menos 140 personas fallecieron intentando cruzar la frontera.
La irrupción de miles de migrantes en la ciudad autónoma española hizo visible un malestar que también sirvió de combustible en las protestas masivas de septiembre del 2025, cuando los jóvenes salieron en masa a las calles para reclamar mejoras en los servicios básicos y más oportunidades para labrarse un futuro en su tierra.
El Estado reprimió con dureza aquellas protestas: hubo miles de detenidos, muchos de los cuales siguen en prisión. Pero los partidos que ahora aspiran a reeditar Gobierno quieren transmitir la impresión de que tomaron nota de las reclamaciones. Su campaña electoral se ha centrado en asuntos como la educación, la sanidad y el empleo.
Por ejemplo, el RNI –la formación del actual primer ministro, Aziz Akhnnouch– y el PAM –liderado por el presidente de la Federación de Fútbol, Fouzi Lekjaa– han prometido crear un millón de puestos de trabajo. El RNI también ha anunciado subidas del salario mínimo, y el PAM ha propuesto un paquete para combatir la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
El problema es que pocos creen que estas ideas se vayan a materializar: el propio RNI prometió en los anteriores comicios un millón de nuevos empleos, y luego todo quedó en nada.
Este incumplimiento de los compromisos electorales ha sido debidamente explotado por los partidos de la oposición en las últimas semanas, pero no está claro que vaya a pasar factura en unas urnas dominadas por la apatía.
