Panamá hace años que tiene un movimiento de protesta carente en otros países de la región. Antes de la retórica de Donald Trump de recuperar el control estadounidense del canal, las reivindicaciones eran sociales, salariales y medioambientales.
Ahora, tras el envío de unidades militares estadounidenses a Panamá, los manifestantes corean eslóganes de viejas luchas: “¡Yankis go home!” o “Fuera Comando sur de Panamá”.
Conocido por su escaso interés en el soft power, Trump puede estar convirtiendo a un amigo en enemigo. “Los panameños son uno de los pueblos más pro estadounidenses de América Latina y ha sido así durante tres décadas“, dijo Noel Maurer, autor del imprescindible The Big Ditch, (Princeton, 2011) un ensayo sobre la historia del canal de Panamá. Pero si de verdad Trump quiere hacerse con el control del canal, “habría resistencia (…) manifestaciones masivas,” añade.
Manifestaciones ya las hay. En los últimos meses, Ciudad de Panamá ha escenificado grandes movilizaciones de protesta contra las subidas de precios de bienes esenciales y su impacto sobre los salarios reales, para defender el sistema de pensiones público y rechazar la concesión de una mina de cobre a una multinacional canadiense.
Ahora a estas protestas se suman las reivindicaciones anti Trump. La reunión el mes pasado entre el presidente panameño José Raúl Mulino y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, que dio luz verde al envío de tropas estadounidenses a tres antiguas bases estadounidenses —Howard, Rodman y Cristóbal— ha convertido una lucha social en una defensa de la soberanía.
El envío de tropas de EE.UU. ha convertido la lucha social en la defensa de la soberanía
Por el momento, las protestas no han alcanzado las enormes dimensiones de las manifestaciones contra la minería o la privatización de las pensiones. Pero todo indica que van adquiriendo fuerza desde las centrales sindicales hasta los institutos y universidades. Trabajadores de la construcción, del plátano y de la enseñanza han realizado una serie de huelgas en las últimas semanas con un creciente apoyo de otros sectores.
“Hay una oleada de asambleas de madres y padres de familia de cada centro escolar votando apoyo a la huelga docente”, dijo uno de los organizadores de las protestas el domingo.
¿Qué reivindica la huelga? La derogación de una ley que incrementa la edad de jubilación y reduce las pensiones, frenar la reapertura de la mina First Quantum cerca de Colón y la anulación del memorando firmado con EE.UU. que permite la presencia militar estadounidense en las tres antiguas bases.
Una manifestación de estudiantes el pasado martes reivindicaba “el respeto por la autonomía universitaria y la soberanía nacional”. “”El lunes (hoy) van a darse concentraciones y manifestaciones en todo el país”, dijo el organizador.
El braggadocio de Hegseth, ex presentador de Fox News, que se pavoneaba entre las esclusas del Canal con un atuendo que evocaba las botas del desierto de Paul Bremer en Irak, parecía diseñado expresamente para impulsar el histórico movimiento de protesta panameño hacia un nuevo nivel de movilización.
El ‘braggadocio’ de Hegseth parecía diseñado para reforzar el movimiento de protesta
El gobierno panameño insiste en que el memorando acordado con Hegseth no reestablece las bases militares de antes ya que la presencia de las tropas sería rotativa cada tres o seis meses. “La soberanía de Panamá no está en juego”, dijo Mulino el jueves en una rueda de prensa e insistió en que la presencia militar estadounidense es para combatir el narcotráfico. Pero la presencia de fuerzas militares estadounidenses en Panamá difícilmente no viola el tratado Carter-Torrijos firmado en 1977 para acordar la entrega escalonada del control del canal a Panamá.
El flamante embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera —curtido en la política del exilio cubano en Florida en su calidad de comisario por el sexto distrito de Miami—, dijo que el acuerdo de seguridad entre los dos países pretende combatir el narcotráfico y “la influencia maligna” de China sin afectar la soberanía panameña.
Los lideres de las protestas discrepan. “Los gringos están apostando a que la oligarquía panameña les entregue el Canal de Panamá”, dijo un líder de Suntracs, uno de los convocantes de las manifestaciones, que cuenta con 40.000 afiliados en la construcción. Sus oficinas, ubicadas en un barrio periférico de Ciudad de Panamá, están adornadas con retratos del Che Guevara y obras de Lenin.
Es lógico vincular la defensa de la soberanía con las protestas contra los recortes de las pensiones, la mina a cielo abierto. “Sabemos aquí que las políticas neoliberales fueron exportadas desde Estados Unidos en los años ochenta. Implementaron los programas de ajuste estructural, después de la invasión gringa de 1989, y, con un gobierno títere puesto por los norteamericanos, aceleraron las políticas económicas neoliberales”, dijo. Y añadió: “Se entregaron los activos estatales más importantes al sector priivado. Empezaron las grandes privatizaciones: la compañía eléctrica, la de telecomunicaciones, los puertos…”.
Hace 30 años, la privatización de los puertos mediante una concesión a la multinacional Hutchson, con sede en Hong Kong, se promocionaba como parte de una globalización de mercado que elevaría la eficiencia. Ahora, Trump insiste en que los chinos deben ser expulsados.
Lo cierto es que Mulino, elegido el año pasado con solo el 34% de los votos, se encuentra atrapado entre la espada y la pared de Donald Trump y los movimientos de protesta, y pierde fuerza política a ritmo de vértigo,
El dilema para el presidente panameño es obvio. Las concesiones a Trump —más personal militar estadounidense, pasaje gratuito para buques de guerra de EE. UU., medidas contra la presencia china en los puertos del canal— se ven desde la calle como actos de sumisión.
Esto se suma a un rechazo a la gestión del Canal, que, para los manifestantes, solo ha beneficiado a las élites. Panamá es el país más desigual de América Latina según en Banco Mundial, con un 80% de pobreza, donde conviven inmensas fortunas y ciudadanos que tienen un salario mínimo de 340 dólares mensuales. La percepción desde la calle es de una oligarquía corrupta que vive de las rentas del Canal y del sector financiero.
Inmensas fortunas conviven en Panamá con personas que perciben el salario mínimo: 340 dólares al mes
Bajo las presiones de Trump y de la calle, Mulino ha realizado maniobras hábiles. Publicó la auditoría de la polémica segunda concesión pactada con Hutchison el año pasado para confirmar las sospechas de corrupción. Así pudo satisfacer a Trump sin molestar a nadie en Panamá anulando un contrato considerado leonino y opaco por todos los panameños.
En eso siguió el ejemplo del gobierno anterior, que frenó citando corrupción otro proyecto de la empresa china Landbridge, un puerto de contenedores en la Isla Margarita, considerado por los generales más paranoicos en el Pentágono como un caballo de Troya para una posible invasión china.
Tachar únicamente al capital chino como corrupto en el país de los Panama Papers, no es demasiado creible. Pero ha servido para cumplir con las ordenes de Washington. Todos los expertos consultados el mes pasado en una visita a Ciudad de Panamá —incluido un expresidente y destacados expertos técnicos— calificaban de delirante el temor estadounidense sobre el control chino del Canal. Pero a nadie en Panamá le importa demasiado si quienes gestionan los puertos son chinos o de otro país.
No es creible tachar solo al capital chino de corrupto en el país de los ‘Panama papers’
La presencia militar estadounidense, sin embargo, es más difícil de digerir para a la opinión pública panameña. Ya se comienza a recordar a los 22 estudiantes asesinados por tropas estadounidenses en 1967 y el millar de muertos en la invasión de 1989.
Incluso algunos halcones en Washington consideran que Trump debe ir poco a poco con su plan. “Trump ha levantado muchas ampollas con esta retórica sobre recuperar el Canal. Muchos en Panamá creen que han iniciado una invasión de guante de terciopelo”, dijo Henry Ziemen, un analista del Centro por Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), un instituto vinculado a sectores anti-China en Washington. “El mayor riesgo es que presionemos demasiado, que vayamos demasiado rápido y forzamos al gobierno panameño a enfrentarse al descontento interno,” añadió en una entrevista mantenida con La Vanguardia en Washington.
