Endesa e Iberdrola han enviado una carta al Ministerio de Transición Energética en la que transmiten por escrito su posicionamiento a favor de extender la vida útil de las plantas nucleares en España. Al menos aquellas cuyos cierres están previstos antes de 2030 como es el caso de los dos reactores de Almaraz y los de Ascó. El documento carece de las firmas de las otras dos energéticas, Naturgy y EDP, propietarias de dichas centrales.
Fuentes del ministerio que han confirmado la recepción de este documento aseguran que “la carta es una declaración de intenciones, condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales en perjuicio de los ciudadanos al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas”.
A su vez, recuerdan que en Almaraz la propiedad se articula a través de una comunidad de bienes formada mayoritariamente por Iberdrola, Endesa y con un 11% Naturgy. Dualquier modificación en la vida útil de ese activo debe ser aprobada por unanimidad por la junta de accionistas de la sociedad propietaria.)
Cualquier modificación en la vida de ese activo debe estar aprobado por unanimidad por la junta de accionistas de esta compañía.Sorprende que, en un asunto como este (en el que los tres operadores están obligados a actuar conjuntamente y tras el respaldo público de Franciso Reynés,presidente de Naturgy,), la carta haya llegado al ministerio sin la firma de esta compañía.
Por otro lado, desde el organigrama dirigido por Sara Aagesen advierten que la misiva “no cumple con las tres líneas rojas” establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal. A saber: Que haya seguridad para las personas. Que se garantice la seguridad de suministro. Que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
Las tres propietarias de las nucleares estaban hasta ahora dando pasos de forma conjunta para intentar convencer al Gobierno que modifique el calendario de cierre que se pactó en 2019 por el que se establece el apagado escalonado del parque nuclear a partir de 2030.
Entre sus argumentos esgrimen que las condiciones energéticas, geopolíticas y sociales han cambiado mucho desde 2019 y sería prudente no comenzar ya con un proceso de desmatelamiento que, según ellas, implicaría riesgos de suministro y estabilidad para el sistema energético español. Las compañías quieren convencer al Gobierno para que, al menos, se traslade a ese año en actual calendario. Lo que supodría tener los dos grupos Almaraz en funcionamiento hasta 2030 y en ese año repensar el futuro de esta modalidad de generación energética por la que Europa y gran parte del mundo están apostando.
El Gobierno, por su parte, asegura estar abierto a esa negociación siempre que no implique una rebaja de impuestos y mermas de ingresos para los contribuyentes. Un requisito que sí incluye la carta. En cualquier caso la reclamación la deben presentar las tres propietarias de forma conjunta y, por tanto, sin esa unanimidad la carta carece de la validez necesaria como para que el Gobierno pueda actuar.
