La cuenta atrás para el previsto apagón de los tres reactores nucleares de Catalunya promete ser un camino tortuoso. La política catalana siempre ha sido algo radiactiva. El marco del debate es si el cierre de las centrales podrá hacerse con un suministro futuro garantizado; o si, como han apuntado esta semana en el Congreso Junts i ERC, ahora no se dan las condiciones adecuadas para que esto se produzca. El cierre está programado así: Ascó I, en 2030; Ascó II, en 2032, y Vandellòs II, en 2035.
Gracias a la abstención de Junts y ERC, el Congreso aprobó el miércoles una proposición de ley del PP a favor de extender de la vida de las nucleares, tres de ellas en Catalunya. El acuerdo no es vinculante, pero alimenta el debate soterrado que promueven las empresas propietarias de nucleares, que vienen sugiriendo una revisión del cierre acordado por ellas mismas en 2019 (y asumido en la planificación sobre energía y clima para 2030).
Para Junts no es posible prescindir de las nucleares sin caer en otras dependencias
El voto de Junts y ERC responde al intento de distanciarse del Gobierno, pero la muleta prestada al PP les hace avaladores de una prórroga. Ambos grupos esgrimen que la posible ampliación temporal sería consecuencia de la falta de desarrollo de las renovables en Catalunya, lo cual les sitúa en una contradicción pues durante el mandato de estos partidos en la Generalitat ese impulso fue escaso.
Junts duda de que, a tan pocos años vista del cierre, el Gobierno sea capaz de dar respuesta a la demanda energía eléctrica que dejará de producirse, pues “sabido es que el PSOE no es fiable en sus proyecciones”, soltó Pilar Calvo.
Su tesis es que el cierre pone en riesgo las empresas, las industrias y los consumidores. Y para Junts no es posible prescindir de las nucleares sin caer en otras dependencias indeseadas (como las líneas de alta tensión desde Aragón) o sufrir el riesgo de la falta de suministro.
ERC, entre los postulados antinucleares y la obediencia el “territori”
La posición de ERC viene determinada por la necesidad de mostrar su apoyo a las zonas que podrán verse perjudicadas por el cierre, pero sitúa a esta formación en la encrucijada entre sus principios “antinucleares” y su obediencia al territori . Su diputado Jordi Salvador cree que la respuesta al debate “no es una elección libre, pues no se pueden cerrar las centrales y dejar detrás un desierto industrial”.
ERC denuncia la falta de planes estatales para una transición justa (prometidos por el Ministerio a medida que se acerque su clausura) y censura que tiempo atrás el gobierno estatal frenara el impuesto autonómico a las nucleares (cuyos ingresos resultan hoy clave para financiar un fondo de la transición energética, un paliativo para los municipios nucleares ).
El origen de la electricidad en Catalunya
Salvador Illa y Alejandro Fernández, duelo en el Parlament
Salvador Illa, en la sesión de control en el Parlament, apoyó esta semana el fin de las nucleares; y justificó su posición en los “compromisos contraídos” y en la esperanza de dar un impulso a las renovables. “Vivimos en un país que tiene recursos de energía renovable, sol y viento”, le contestó al diputado Alejandro Fernández (PP), quien no se cortó un pelo: “Ustedes nos llevan al desastre, como pasó con el agua. Dicen ‘nucleares no’, pero acaban diciendo ‘renovables, tampoco’”.
“Si hay voluntad política, se cerrarán las nucleares y habrá fórmulas alternativas para ello”, sentencia Manuel Torrent, autor de Renovables: l’energia de la llibertat (Ed. Pòrtic). Torrent cree que el cierre de las nucleares sería factible triplicando la producción de las plantas de gas (lo cual supondría disparar las emisiones que causan calentamiento), más las interconexiones de redes y el desarrollo con renovables.
El sector eólico y fotovoltaico se ofrecen para tomar el relevo
Por su parte, el sector eólico y fotovoltaico (EolicCat, UnefCat) cree que es posible llegar a tiempo. “Hemos presentado proyectos que suman 3.500 MW renovables, y estamos en condiciones de presentar otros 2.500 MW.
Pero necesitamos que el Gobierno central nos dé derecho de acceso y conexión a la red, que la Generalitat agilice la tramitación y que haya exigencia con los promotores para evitar los impactos ambientales”, dice Salvador Salat, delegado de UnefCat (sector fotovoltaico).
Mientras, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reitera que el Gobierno mantiene el plan para el cierre escalonado y que fueron las empresas propietarias las que pactaron en 2019 el fin del ciclo nuclear, sin que ninguna de ellas haya solicitado la modificación del calendario.
El Ministerio ha planificado un cierre ordenado en paralelo a la penetración de las nuevas renovables.
Ahora, en toda España “hay peticiones de cinco veces más fotovoltaica, dos veces más eólica y nueve veces más almacenamiento del que establece la planificación (hasta 2030). Por ello, el suministro de energía está garantizado”, dice el Ministerio a este diario
Calendariio de cierre
La ministra Sara Aagesen reitera que el Gobierno mantiene el plan para el cierre escalonado
Una partida de ajedrez
El debate soterrado sobre la posible prórroga del funcionamiento de los siete reactores nucleares (que deben desconectarse de la red entre 2027 y 2035) se ha convertido en una especie de partida de ajedrez entre el Gobierno y los propietarios de las plantas, para ver quién da el primer paso y mueve el peón, dados los efectos que se desencadenaría tras ese primer movimiento. Quien dé un primer paso se encontrará con una respuesta que tal vez debilite su posición inicial.
Las empresas propietarias dan muestras de querer revertir el pacto alcanzado en su día, pero no han dado un paso oficial para propiciar la prórroga.
Fuentes de estas compañías vienen expresando su malestar con el Gobierno; se quejan de que se les aplica una “fiscalidad excesiva” y que ésta es la razón que nubla las posibilidades de competitividad del sector. Por ello, desearían una negociación con el Ministerio para la Transición Ecológica con el ánimo de que de ese diálogo pudieran salir condiciones más ventajosas para poder operar y todo ello para que pueda dar lugar a un posible prórroga en el cierre de los reactores. Las compañías amagan con esta propuesta, la sugieren, pero no han presentado una oferta formal en un documento que detalle sus intenciones.
Si se presentara esa solicitud formal, la propuesta debería ser analizada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que deberá exigir los nuevos requisitos técnicos y de seguridad derivados de la aplicación de las normas tras el accidente de Fukushima, lo que podría hacer económicamente muy complicado (si no, inviable) la continuidad.
Si, por el contrario, el Gobierno se mostrara muy explícito en su deseo de dialogar, las compañías presentarían sus demandas con las condiciones en que la continuación de las operaciones podría ser rentable (precios garantizados, revisión de la fiscalidad, ¿participación estatal…?).
