

Esquerra Republicana de Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para exigir al Gobierno una investigación independiente sobre los abusos sufridos por miles de jóvenes durante el servicio militar obligatorio, la mili, en las décadas de los 80 y 90.
La iniciativa del grupo republicano surge tras la emisión del documental de TV3 Et faran un home, que habla de un presunto “patrón de impunidad y negligencia institucional en el trato a los reclutas, con casos documentados de vejaciones, malos tratos y acoso sistemático” dentro de los cuarteles militares de la época. ERC denuncia que las instituciones españolas han mantenido una actitud de “inacción” durante décadas, permitiendo que estos hechos quedaran impunes.
El Ministerio de Defensa reconoce más de 300 suicidios dentro de las Fuerzas Armadas, pero las cifras reales podrían ser “mucho más elevadas”
El diputado de Esquerra Francesc-Marc Álvaro ha subrayado la gravedad del problema, recordando que el Ministerio de Defensa ha reconocido oficialmente más de 300 suicidios dentro de las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001. Sin embargo, alerta de que las cifras reales podrían ser mucho más elevadas. El documental ha permitido que varias familias descubrieran que las muertes de sus hijos, catalogadas oficialmente como accidentes, fueron en realidad suicidios provocados por los abusos sufridos en los cuarteles.
ERC considera que “existe una continuidad institucional más allá de cada gobierno concreto”, lo que implica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe atender la demanda de las víctimas y establecer las responsabilidades políticas y penales que correspondan.
Por ello, la formación independentista reclama la apertura de una investigación independiente que permita esclarecer los hechos, garantizar la protección de las víctimas y testigos, y reconocer públicamente lo sucedido. Asimismo, exige identificar a los responsables políticos y militares implicados y promover acciones legales contra ellos.
Finalmente, ERC demanda la creación de mecanismos de reparación moral y económica para las víctimas y sus familias, incluyendo asistencia jurídica y apoyo psicológico, con el objetivo de hacer justicia y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.