

Después de que el Congreso tumbara la semana pasada la propuesta de Vox para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos, el debate ha dejado de centrarse únicamente en si se prohíbe o no el velo integral y ha pasado a plantear una cuestión más compleja, la de cómo intervenir sin criminalizar a las mujeres que lo llevan. En ese escenario, ERC ha trazado su propia hoja de ruta, que consiste en desincentivar el uso de estas prendas sin recurrir al Código Penal ni imponer prohibiciones formales. Según fuentes de la dirección del partido, la prioridad es “buscar medidas que no castiguen a las mujeres” y fomentar su integración social.
“Prohibir solo conseguiría que estas mujeres no salieran de casa”, explican desde Esquerra, recordando que el punitivismo puede producir efectos contrarios a los que se declaran. La formación argumenta que una respuesta estrictamente penal podría reforzar el aislamiento en lugar de erosionarlo.
A cambio, plantean multiplicar los incentivos y las medidas de inclusión, que podrían abarcar actividades comunitarias o la participación en actos locales orientados a acompañar a estas mujeres en su integración, pero sin convertirlas en objeto de sanciones penales.
Tan solo se plantean fórmulas sancionadoras de tipo económico, que podrían sustituirse por la prestación de servicios comunitarios. La línea roja es clara: nada de tocar el Código Penal.
ERC aún estudia cómo plasmar estas medidas, ya sea mediante enmiendas al texto que Junts ha registrado esta semana tras desmarcarse en el Congreso de PP y Vox. O a través de una iniciativa propia.
La formación pone como referencia la experiencia de su presidente, Oriol Junqueras, en su etapa como alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Allí, la gestión de la diversidad no se fió a la frialdad del boletín oficial, sino a una mediación de cuerpo a cuerpo con la comunidad musulmana.
El pragmatismo de Junqueras se resumía en una política de contrapartidas. El ejemplo más recordado en el municipio es el de las actividades deportivas. Ante la reticencia de algunas familias musulmanas a que sus hijas participaran en igualdad de condiciones, el entonces alcalde fue taxativo. La integración era un camino de doble sentido. Si las niñas no iban a poder jugar al fútbol en las instalaciones municipales, los niños tampoco lo harían.
Aquella advertencia no buscaba la exclusión, sino la corresponsabilidad. Al condicionar el acceso a los recursos públicos a la igualdad de género, Junqueras logró que el deporte fuera el caballo de Troya de la inclusión. Esta es la filosofía que ERC intenta extrapolar ahora al debate del burka. No se trata de prohibir por decreto una prenda, sino de generar incentivos que empujen a las mujeres –y a sus entornos– hacia la esfera pública. Si entonces fue el fútbol el motor del cambio, ahora se busca que sean los servicios comunitarios y la mediación los que logren que el velo integral deje de ser una barrera para las mujeres.
