La ampliación de la participación de la Agencia Tributària Catalana (ATC) en la recaudación de los impuestos que se pagan en Catalunya ha echado a andar con los acuerdos suscritos en la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. Si el jueves ya se avanzaba el aumento del papel de la hacienda catalana en la campaña de la renta del 2024, tras el encuentro de este viernes se anunció que se pone en marcha la gestión compartida en el Impuesto de Matriculación (IEDMT) con el objetivo que la agencia catalana y la española compartan información y recaudación. Las carpetas definidas en el Palau de la Generalitat suponen una primera prueba piloto en la progresiva implicación de la ATC en la gestión de los impuestos dentro de la definición de un modelo de financiación singular que debe desembocar en la recaudación de todos los tributos que se pagan en Catalunya.
La consellera d´Economia, Alícia Romero, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, explicaron que la gestión compartida en red del impuesto de matriculación servirá para engrasar las maquinarias entre la agencia española y catalana. Es un tributo de pequeña cuantía pero cuya recaudación conjunta ya implica la entrada de los funcionarios catalanes en la red estatal utilizando los procedimientos, las aplicaciones tecnológicas y los datos de la ciudadanía de la agencia española (AEAT). Para realizar este trabajo conjunto, ambos gobiernos ya pactaron el convenio para la designación de los funcionarios de la agencia catalana que realizarán esta tarea, la fase de actuaciones preparatorias, el desarrollo informático así como la implantación de la gestión compartida. El Impuesto de Matriculación generó el año pasado 136 millones de euros, cuya recaudación corre hasta ahora a cargo del Estado y es cedida a la Generalitat.
La comisión mixta define el convenio para que los funcionarios catalanes participen en la gestión de la AEAT
Esta “prueba piloto” puede ser referencia para la recaudación al unísono de otros impuestos, según se indicó.En el horizonte más cercano está el compromiso de que Catalunya recaude todo el IRPF en el 2026, según el acuerdo de investidura suscrito por el PSC y ERC, un escenario en el que el secretario de Estado de Hacienda recomendó prudencia.
“Tenemos que ir paso a paso –dijo– para garantizar los servicios a los ciudadanos, el control tributario y la lucha contra el fraude”. En este sentido, la consellera indicó que su objetivo es cumplir los acuerdos con ERC –donde se señalaba la fecha del 2026–, aunque ha añadido que no se deben romper las costuras y la Agència Tributària Catalana “necesita coger más músculo”. A tenor de lo expuesto por el secretario de Estado, un siguiente paso podría ser la recaudación por parte de la hacienda catalana de las deducciones autonómicas del IRPF.
Ambos gobiernos señalan que hay que ir “paso a paso” antes de definir la recaudación de todo el IRPF en el 2026
Las medidas y los ritmos se inscriben en la definición del nuevo modelo de financiación singular, cuyas líneas generales se presentarán a finales de este semestre. La consellera recordó que se ha incrementado en 102 efectivos para atender este año la labor de la ATC y se contará con 87 puestos de atención a la ciudadanía. Desde el Ministerio se reconoció que hasta ahora la participación de la administración catalana era escasa.
La comisión mixta de asuntos económicos también sirvió para cerrar o avanzar en las inversiones de los acuerdos de las comisiones bilaterales celebradas las últimas semanas. Se acordó así la puesta en marcha de un grupo de trabajo para analizar la creación de un consorcio entre el Estado y la Generalitat en materia de inversiones, que deberá cerrarse este año centrado en las áreas de Presidencia, Economia y Finanzas, Territorio y Vivienda, y Transición Ecológica
También se formalizó la reducción de la deuda de la Generalitat en 17.104 millones con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Un proceso que debe afrontar aún un recorrido largo y pasar por el Congreso de los Diputados.
Se inicia, asimismo, el análisis para financiar el despliegue de los Mossos d´Esquadra hasta llegar a los 25.000 efectivos. Cuando la Junta de Seguridad fije el calendario del despliegue policial, se ajustará la financiación necesaria
Se pactó también la transferencia de 25.587.420 euros para cubrir la deuda pendiente con Renfe en el plan de acción de Cercanías en el 2024. En cuanto a la financiación de las becas, se fijó una aportación del Estado de dos millones de euros. Este año también se deberá evaluar el coste de la prestación de los servicios penitenciarios
