El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, inició ayer la ronda de consultas con los cuatro grupos parlamentarios para escoger a un candidato a la presidencia de la Junta. El pistoletazo de salida se dio ayer con Unidas por Extremadura y concluirá el martes con el PP. Entre tanto, no parece que se muevan las cosas y PP y Vox siguen muy lejos de un acuerdo para investir a la popular María Guardiola. El plazo para un primer debate de investidura acaba el 3 de marzo.
A tenor de los últimos cruces de reproches públicos, las negociaciones están enquistadas. El consejero de presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha venido acusando a Vox de generar “tensión”, mientras que Óscar Fernández, el candidato del partido de Santiago Abascal, no ha parado de recordar las acusaciones de “racistas, machistas u homófobos” que vertió Guardiola en campaña contra ellos. Por tanto, no parece que el clima sea muy propicio para un acuerdo rápido.
El partido de Abascal exige un “acuerdo serio” y el de Guardiola le acusa de crear “tensión”
Asimismo, fuentes conocedoras de los entresijos de la negociación apuntan a que aún “ni siquiera se ha llegado al detalle” de los temas a tratar en las negociaciones, y hay, incluso, quien sitúa un posible acuerdo más allá del 15 de marzo, después de las elecciones en Castilla y León. De ser así, Guardiola se vería abocada a someterse a una votación de investidura fallida ya que no contaría con los apoyos de Vox. No obstante, también cabe ver qué postura adopta el PSOE ante este escenario dado que una abstención en segunda vuelta sería suficiente para que Guardiola fuera investida.
En este punto, fuentes de Vox acusan al PP de rechazar “un acuerdo serio de gobierno de coalición” con concreciones ya que, según esas mismas fuentes, los populares prefieren alcanzar un pacto “vago y general” que permita el “trilerismo”. Los de Abascal quieren concretar las medidas a desplegar en los cuatro ámbitos en los que han puesto exigencias: rebaja de impuestos, rechazo al Pacto Verde, veto a la inmigración y supresión del gasto en políticas de igualdad (definidas por Vox como políticas de “ideología de género”).
