La patronal Foment del Treball reclamó ayer un plan de choque ante la delicada situación que atraviesa la industria por el incremento de los costes energéticos desde el inicio de la guerra de Irán. La organización presidida por Josep Sánchez Llibre advirtió de que el sector se encuentra ahogado y pidió medidas compensatorias para evitar cierre de plantas industriales y la destrucción de puestos de trabajo.
El impacto es especialmente severo en la industria química del conjunto de España, así como en la textil, siderúrgica y otros. Según las estimaciones elaboradas en septiembre, el sobrecoste acumulado hasta el 31 de agosto era de 354 millones de euros: 215 millones por el gas y 139 millones por la electricidad. Si se mantienen las condiciones previstas, la factura adicional podría acercarse a los 1.000 millones de euros a final de año. “Son cifras de un sector concreto, pero ilustran la magnitud de la presión que soporta gran parte del tejido industrial”, dijo la patronal ayer en un comunicado.
La subida del gas y la electricidad llega en un momento de demanda débil y competencia internacional
Foment considera que la industria no puede seguir absorbiendo estos incrementos “en un contexto de demanda débil y competencia internacional intensa”. Los datos de comercio exterior del sector químico español del primer semestre muestran ya una caída del 2,75% de las exportaciones y un aumento del 5,22% de las importaciones, antes de los episodios más agudos de la crisis.
La patronal de la gran empresa en Catalunya advirtió que ya se producen ajustes de carga y paros puntuales en procesos industriales durante las horas de mayor coste energético. Si la escalada persiste, estas decisiones coyunturales pueden desembocar en reducciones permanentes de capacidad, cierres de plantas, deslocalizaciones y expedientes de regulación de empleo. “No es sólo una cuestión de resultados empresariales: están en juego puestos de trabajo calificados, inversiones y el futuro industrial de territorios enteros”, apuntó.
En el plan de choque, Foment reclama habilitar ayudas extraordinarias para compensar los sobrecostes del gas en las empresas gasintensivas, con mecanismos similares a los desplegados durante la crisis derivada de la invasión de Ucrania, y desarrollar un estatuto específico que aporte estabilidad a estos consumidores industriales. En electricidad, exige elevar las compensaciones por los costes indirectos de CO₂ hasta el máximo permitido por Bruselas, entre 900 y 1.000 millones, frente a los 600 millones presupuestados para 2026. Esto requiere una ampliación de 300 a 400 millones. También reclama hacer estructural la reducción del 80% de los peajes electrointensivos.
