El Gremio de Estanqueros de Catalunya, la Federación Catalana de Estanqueros y Foment del Treball han impulsado un manifiesto para exigir al gobierno español que detenga la modificación del Real Decreto 579/2017, que supondría, en la práctica, la prohibición de facto de los cigarrillos electrónicos y de las bolsas de nicotina. En este sentido, advierten que esta norma, planteada “sin consenso” y al margen del debate parlamentario, tendría un grave impacto sobre la viabilidad de los estancos y de la industria. Las organizaciones resaltan el peso económico del sector en Catalunya, con más de 1.700 estancos y cerca de 5.000 empleos directos.
“La actual modificación del Real Decreto limitaría la capacidad de adaptación de los estancos hacia productos alternativos, reduciría su actividad económica y erosionaría la viabilidad futura de miles de autónomos y de pequeñas y medianas empresas, que en la mayoría de los casos son negocios familiares”, señalan en el manifiesto.
Además, remarcan que expulsar del canal regulado productos con alta demanda no eliminaría el consumo, sino que le desplazaría hacia el mercado ilícito, con la consiguiente pérdida de control, trazabilidad y de las “garantías” que los estancos ofrecen a los consumidores y menores.
Catalunya concentra más de 1.700 estancos que generan cerca de 5.000 empleos directos
También señalan que tendría un impacto directo sobre la recaudación pública en un ámbito que genera alrededor de 9.000 millones de euros anuales en el Estado y que constituye “una de las principales fuentes de ingresos dentro de los impuestos especiales”.
En paralelo, las entidades firmantes destacan el papel de Catalunya como “principal hub industrial, logístico y comercial de los productos alternativos del tabaco en el Estado español”. De hecho, concentra el 80% de la producción de líquidos para cigarrillos electrónicos, sustentada principalmente por autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Además, las organizaciones subrayan que el sector del vapeo genera cientos de millones de euros de valor añadido y miles de puestos de trabajo, con un potencial de inversión superior a 1.500 millones de euros hasta 2030 y una aportación anual de más de 120 millones de euros a las arcas públicas. En el documento, denuncian que “una modificación repentina de las condiciones reguladoras desincentivaría nuevas inversiones y comprometería proyectos en curso”.
Una representación de las organizaciones impulsoras solicitará, en los próximos días, reuniones con el Govern y con los grupos del Parlament, para alinear una posición institucional desde Catalunya que inste al ejecutivo estatal a reconsiderar su planteamiento.
