Desde Tui, en la frontera portuguesa, hasta Ribadeo, en el límite de Galicia con Asturias, hay algo menos de 300 kilómetros en coche, por la ruta más corta. El trayecto se multiplicaría por cinco si algún día se completase en su absoluta totalidad la red de sendas peatonales costeras que la Xunta ha anunciado tras asumir este mes las competencias de gestión del litoral que le arrancó al Gobierno central en el Tribunal Constitucional (TC).
Ese Camí de Ronda integral gallego tendría cerca de 1.500 kilómetros, el doble que el Camino de Santiago desde el Pirineo navarro. Sería un viaje azul y verde, entre el sol y la luz gris. Pasaría por el fondo de la ría de Vigo que alimentó a los trovadores medievales, a través de arenales infinitos como el de A Lanzada, junto a las bateas de mejillón de Arousa célebres por las persecuciones a los narcos, bajo el influjo de la magia telúrica de A Costa da Morte, ante la coruñesa Torre de Hércules y sobre los acantilados célticos, de aires escoceses e irlandeses, al norte de Ferrol. Casi acabaría, o empezaría, en la explosión gótica natural de la playa de As Catedrais, en Ribadeo.
La Xunta reclama ahora al Gobierno la gestión de los permisos de trabajo a extranjeros
La asunción de la gestión de las costas por parte de la Xunta ha puesto fin a 17 años sin avance alguno en el autogobierno gallego, en su mayoría correspondientes a la presidencia del hoy líder del PP Alberto Núñez Feijóo. Su heredero, Alfonso Rueda, continuista por lo general, marca en este terreno un perfil propio, pues ya reclama más competencias, si bien bajo la desconfianza de la oposición de BNG y PSOE sobre el alcance de sus actuales anhelos descentralizadores en la presente coyuntura española.
La dimensión de esos casi 1.500 kilómetros de costa provoca que se trate de algo más que de una transferencia cualquiera. Supone un movimiento significativo en la evolución del Estado autonómico de los últimos años, en la etapa posterior al desafío independentista catalán que se usó en su día como un candado por parte del propio PP de Galicia.
Pese a que su superficie equivale a menos del 6% del territorio, los 1.489 kilómetros de fachada marítima de Galicia representan el 19% del litoral de España. Este porcentaje se eleva al 31% si no se tienen en cuenta a los dos archipiélagos. Sólo Canarias, con su 1.583 kilómetros, tiene más costa que Galicia, mientras que Baleares cuenta con algo menos, 1.428.
Las dos autonomías insulares asumieron las competencias del litoral en el 2023, tras Catalunya y Andalucía, con sus 910. Ambas las tenían en sus respectivos estatutos reformados. En abril se produjo la transferencia al País Vasco de sus respectivos 246 kilómetros . Así que tras entrar en vigor la gallega el pasado 1 de julio, el Estado ya sólo gestiona el litoral de Asturias, Cantabria, Valencia y Murcia, 1.477 km, algo menos del 19% del total español, si bien varias de estas autonomías preparan la petición del traspaso.
Emerge así un café para todos en versión costera, que comenzó con el Estatut del 2006. Precisamente la sentencia del Constitucional sobre el Estatut formaba parte de la argumentación de la Xunta cuando hace tres años pasó a reivindicar la gestión de su costa, como respuesta al restrictivo plan de usos del Gobierno. Según la Xunta, al no atender a la idiosincrasia gallega ponía en riesgo 4.000 viviendas, 232 empresas y 59 de las 65 lonjas.
El Gobierno sostenía que para gestionar su litoral, Galicia debía reformar su Estatuto, una misión imposible al requerir de una mayoría de dos tercios. Rueda impulsó la asunción de las competencias con una ley, aprobada por la mayoría absoluta del PPdeG, con una posición cercana a una suerte de derecho a decidir ribereño, y la abstención de BNG y PSOE.
BNG y PSOE no se fían de la Xunta y ésta pide más competencias
En abril del 2024 el TC desestimó el recurso del Gobierno central contra la ley del litoral gallega, lo que desembocó en el acuerdo para ejecutar la transferencia el pasado día 1, posterior aún así al traspaso al País Vasco. La Xunta impulsa ahora un “pacto gallego por el litoral”, para una gestión sostenible y de proximidad. El BNG, tras alertar de una posible transferencia sin los medios acordes para gestionarla, acusa al PPdeG de pretender practicar un caciquismo costero especulativo.
En la agenda de la Xunta figura la pronta asunción de otra competencia, la gestión de los permisos de trabajo de extranjeros. Y están pendientes las atávicas reivindicaciones gallega del traspaso de la Autopista del Atlántico y de la creación del servicio ferroviario de cercanías.
El Museo Naval, las sedes de los astilleros Navantia, de Puertos del Estado, de la dirección general de Marina Mercante o de la patronal pesquera mantienen el carácter de Madrid como villa marinera, aunque ya con escaso control directo sobre las costas, en su gran mayoría bajo gestión autonómica, aunque algunas potestades sigan en manos del Estado
