El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, no ve “dentro de la legalidad” una posible huelga general por la vivienda, ya que “no está dentro de un conflicto laboral”. Garamendi ha expresado este sábado su respeto a las protestas por la vivienda que se suceden en España, pero ha adelantado que actuaría en el caso de que se convoque una huelga general tras el rechazo a los dos decretos en el Congreso, porque eso sería “ilegal”.
Así lo ha señalado ante los medios de comunicación, en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se celebra en O Grove (Pontevedra) El presidente de la CEOE respondía así a las preguntas al respecto de la posible convocatoria de un paro en protesta por la situación actual de la vivienda, la caída de los decretos que pretendían regular la situación y las manifestaciones que se están desarrollando en toda España.
“Que la ciudadanía pueda manifestarse, opinar y hacer lo que crea es algo normal, porque lógicamente ahí está la democracia”, ha defendido; pero ha distinguido este hecho de otro hipotético escenario, el de que “invadamos los derechos de los demás”.
Ha subrayado Garamendi que concuerda con el diagnóstico de que hay un problema real en España, una crisis habitacional, pero una huelga total, si finalmente se planteara, tendría reacción inmediata, porque las interrupciones de la actividad normal tienen legitimidad y son legales cuando intentan resolver un conflicto laboral y no es este el caso, ha observado.
“Nadie puede evadirse de que (la vivienda) es un problema real que hay en España”, ha dicho, pero tampoco proceder como no se debe, ha remarcado, al destacar que un hecho así afectaría a la economía de las empresas.
Los problemas complejos, ha proseguido, no se remedian además con “soluciones fáciles” y en este sentido ha criticado también que para “arreglar esto” se haya planteado la vía de ir “invadiendo la parte privada, que es un gran derecho también”.
“Esto no es serio”, ha argumentado, y aparte se ha preguntado qué ha pasado en los ocho años que lleva el Gobierno de Pedro Sánchez con “tantas miles de viviendas que se había prometido que se iban a hacer públicas, porque el dinero público está para eso, para gestionar este tema”
