El modelo de negocio de Glovo en el mundo de las plataformas digitales no es solo un caso de éxito de innovación tecnológica, sino también de explotación laboral. Cambiar el departamento de recursos humanos por un algoritmo o sustituir las órdenes de un superior por notificaciones en una aplicación no transforma las relaciones laborales entre empresario y trabajador, ni es excusa para sortear la legislación laboral.
El discurso de la libertad para decidir si trabajar como autónomo o contratado es una ilusión: Glovo no garantiza opciones reales para obtener ingresos dignos sin jornadas interminables y condiciones de trabajo precarias. Ser contratado implica tener los derechos de cualquier trabajador: cobrar si te pones enfermo, disfrutar de vacaciones pagadas, o cotizar para una pensión. Pero los repartidores de Glovo, como autónomos, están en fraude porque solo pueden trabajar para una plataforma que monopoliza sus ingresos. Si no trabajan las horas que les asignan, no reciben suficientes pedidos para que el esfuerzo les salga a cuenta.
Con todo este jaleo mediático, declaraciones en juzgados y sentencias, ¿cómo puede haber aún “trabajadores” que defienden este modelo? Aquí viene la trampa. Glovo permite que algunos “emprendedores” gestionen en negro varias cuentas de repartidores, con ingresos que llegan hasta los 5.000 o 6.000 euros mensuales, fuera del control del Hacienda y la Seguridad Social. Este fraude nos afecta a todos: el uso indebido de contratos de autoempleo en las plataformas de reparto supone un ahorro de hasta 158 millones de euros anuales para las empresas, incluidos 92 millones en salarios no abonados y 76 millones en cotizaciones no pagadas. ¿Es esta la “innovación” que queremos promover?
Y el problema no es solo Glovo: es todo un ecosistema de plataformas que se aprovechan de los vacíos legales para precarizar. No solo las de reparto, sino también en sectores como el cuidado de personas, con condiciones igual de indignas. La ley rider en 2021 fue un paso adelante para garantizar derechos, pero necesitamos más. La transposición de la Directiva Europea de Plataformas, aprobada en marzo, será esencial para asegurar derechos laborales a los más de 40 millones de trabajadores en Europa y los 4 millones en España que dependen de estas plataformas para sobrevivir.
La población desconoce cómo funcionan realmente estas plataformas, y eso permite que se expliquen mentiras que algunos llegan a creer. Hablamos cada día con los trabajadores y sabemos que la supuesta “libertad” que vende Glovo es una trampa que perpetúa la precariedad.
El futuro del trabajo debe ser digno, y no lo será sin la lucha organizada de las personas trabajadoras. Desde las jornadas de 8 horas hasta las vacaciones pagadas, cada avance ha llegado gracias al esfuerzo colectivo y al sindicalismo. Hoy no es diferente: sin organización, sin un sindicalismo fuerte y útil, las plataformas seguirán imponiendo condiciones de explotación bajo un disfraz tecnológico. Estamos en un momento crucial. Tenemos que consolidar un modelo que garantice derechos para todas las personas trabajadoras, sin importar si trabajan en una plataforma o en una fábrica.
Javier Pacheco es Secretario general de CC.OO. de Catalunya
Daniel Cruz es responsable de análisis y transformación digital de CC.OO. de Catalunya
