La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada esta mañana en Madrid ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (PEV), con el que se invertirán 7.000 millones de euros en total. De este importe, un 60% (4.200 millones) será aportado por el ministerio y el 40% restante (2.800 millones), por las autonomías. El Gobierno de España y las comunidades y ciudades autónomas han llegado a alcanzar un acuerdo tras casi un año de trabajo en la reunión de esta mañana, pese a algunos desacuerdos por parte de las autonomías.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha expresado su satisfacción por el consenso alcanzado y ha afirmado que, para este plan, ha estado en contacto “no solo con las regiones y los ayuntamientos, sino también con la sociedad civil, agentes, operadores y todo el sector inmobiliario” y ha escuchado sus propuestas, para que “lo antes posible, estos 7.000 millones de euros sean una realidad”. Y ha destacado que al menos un 40% de estos fondos “han de destinarse a ampliar la oferta de vivienda asequible en todo el país”. Rodríguez prevé que los efectos de este Plan Estatal de Vivienda “comenzarán a desplegarse durante el segundo semestre del año en todos los territorios”.
Por su lado, las comunidades autónomas con gobiernos del PP, como Madrid y Baleares, han optado por dar su apoyo a este plan y a votar a favor, aunque consideran que “se ha elaborado de espaldas a las comunidades autónomas, por lo que nos hemos enterado mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. El consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, ha indicado que el ministerio y el gobierno de Sánchez “quieren imponer a las comunidades su agenda ideológica y sus nefastas políticas de vivienda” y ha avanzado que las comunidades del PP “se reservan el derecho a presentar los pertinentes recursos en cada una de nuestras regiones”.
De forma similar, su homólogo en Baleares, el también popular José Luis Mateo, ha enfatizado que suman al ‘sí’ en esta iniciativa “por responsabilidad, ya que los ciudadanos de las islas no pueden esperar más” y ha resaltado que, con el PEV, el Estado triplica su inversión en vivienda, mientras que “el Govern Balear llega a multiplicar la suya por siete”.
La ministra Rodríguez prevé que los efectos sean visibles en la segunda mitad de 2026
En base a los criterios de reparto establecidos, los territorios que reciben los mayores importes en este PEV son Andalucía (1.197 millones), Madrid (1.113 millones) y Cataluña, con 1.015 millones. En este último caso, el Estado aporta 609 millones de financiación y la Generalitat, los otros 406 millones. En el otro lado de la balanza, la comunidad que menos financiación recibe del PEV es La Rioja, con un total de 119 millones.
La ministra ha remarcado los aspectos fundamentales del plan, como la protección permanente de la vivienda “para que todo este esfuerzo de miles de millones de euros que estamos haciendo ahora no desaparezca dentro de diez o treinta años, sino que tiene que formar parte del patrimonio de la ciudadanía española”, algo que contenta a su socio de Gobierno, Sumar. Rodríguez ha rematado diciendo que, de esta manera, la vivienda pública “nunca más podrá ser vendida al mejor postor, a la especulación o a los fondos buitre”.
Y ha apuntado que el PEV permite ampliar el parque residencial español mediante más construcción, pero también gracias a la puesta en el mercado de vivienda ya existente a precios asequibles.
Habrá protección permanente de vivienda “para evitar su venta al mejor postor”
La responsable de Vivienda ha añadido que se ponen en marcha canales de transparencia y cláusulas antifraude “para garantizar procesos transparentes en la adjudicación de vivienda pública”. Además, el plan sienta las bases para implementar “políticas efectivas que proporcionen oportunidades de vida” también a los ciudadanos en el medio rural.
Este PEV, hasta 2030, establece que se deberían destinar un 40% de sus fondos a construcción, un 30% a rehabilitación y otro 30% a ayudas especiales para las llamadas ‘zonas tensionadas’, así como para impulsar la industrialización de la construcción y para sectores de la sociedad como jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género y personas vulnerables.
La titular de Vivienda también ha recordado que ha habido un diálogo intenso “desde el primer día, siguiendo la directriz del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes, celebrada en Barcelona en junio del año pasado, para redactar un plan, fruto de un acuerdo de país”.
