El Govern y los Comuns han formalizado este viernes un acuerdo para convalidar en el Parlament el nuevo decreto de aplazamiento de la entrada en vigor del aumento de la tasa turística. Según el pacto, el Ejecutivo aprobará la convocatoria del plan de barrios entre junio y julio de este año, y habilitará los casi 60 millones de euros que se dejarán de recaudar hasta la entrada en vigor del impuesto para invertirlos en políticas de vivienda. El Govern también promete aumentar las inspecciones en relación con el pago de la tasa turística.
A cambio, la formación de Jéssica Albiach se aviene a demorar la entrada en vigor del impuesto turístico hasta el otoño -en principio en el mes de octubre, cuando se prevé tener lista la tramitación parlamentaria de la norma que regulará el impuesto-.
El decreto que validarán los Comuns, y que se da por hecho que saldrá adelante con sus votos y los del PSC y ERC, fue aprobado el martes en el Consell Executiu, después de que los ecosocialistas votaran en contra de la moratoria anterior junto a Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, lo que suponía la entrada en vigor de la tasa a pesar de que el Govern había acordado con ERC y con el sector turístico tramitar la norma como proyecto de ley, y por tanto, con un debate más sosegado y abierto a modificaciones.
El diseño de la tasa, inicialmente acordado entre el Govern y los Comuns se modificará para encajar las propuestas de ERC
Romero y Albiach han comparecido en rueda de prensa desde la conselleria de Economia para anunciar el acuerdo que pone fin a una situación “absurda y de bloqueo” y que permitirá que finalmente se debata el alcance y las condiciones concretas de la tasa turística. De esta forma, el diseño inicialmente acordado entre el Govern y los Comuns se verá modificado para encajar también las propuestas de ERC, con las que los ecosocialistas se han mostrado muy críticos en las últimas semanas.
El acuerdo presentado este viernes contiene cuatro medidas: la convocatoria del plan de barrios entre los meses de junio y julio con el objetivo de llegar como mínimo a 20 barrios de 20 municipios diferentes de Catalunya. Esta convocatoria debe basar sus actuaciones en la ley de barrios aprobada en 2022 y está en línea con las intenciones expresadas por el Govern, que en febrero de este año ya informó de que su intención era desplegar la norma con subvenciones dirigidas a los entes locales entre junio y julio de este año.
Las cuatro medidas pactadas
Convocatoria del plan de barrios, acelerar el registro de grandes propietarios, 60 millones para vivienda y aumentar las inspecciones en apartamentos turísticos
Junto a este acuerdo, los Comuns han arrancado al Ejecutivo catalán el compromiso de iniciar en el periodo máximo de un mes la tramitación del proyecto de decreto de registro de grandes tenedores de vivienda, con el objetivo de que esté aprobado definitivamente en el mes de octubre. El Govern ya aprobó en febrero un decreto en el que ampliaba los sujetos obligados a inscribirse en este registro, pero la nueva norma deberá regular el registro con el objetivo de poder aplicar el incremento del impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes propietarios y para poder aplicar el régimen sancionador de la ley de vivienda.
El tercer compromiso es “incrementar el programa de inspección y control” sobre la liquidación del impuesto sobre las estancias en apartamentos turísticos. Según ha explicado Albiach, con un control específico de control del fraude se podrá actualizar el censo de viviendas de uso turístico y vigilar el pago de la tasa, de manera que “los que haga más de dos años que no pagan esta tasa pueden perder la licencia turística”.
Los nuevos recursos para vivienda irán a cargo del tercer suplemento de crédito que aprobará el Govern
Por último, los 60 millones de euros en concepto de tasa turística que se dejarán de recaudar hasta octubre, cuando se prevé su entrada en vigor -30 millones para los ayuntamientos y 30 para la Generalitat- estarán “de forma inmediata” a disposición de las administraciones, según lo acordado. Sin embargo, estos 60 millones están vinculados a la aprobación del tercer suplemento de crédito que el Ejecutivo de Illa está negociando con sus socios de investidura. Para los Comuns, esta es solo una de las medidas que quieren negociar con el Govern para dar su apoyo a este tercer suplemento, puesto que también pondrán sobre la mesa cuestiones vinculadas a la educación, la lucha contra la pobreza, los derechos sociales, etc.
Consciente de que el acuerdo compromete de nuevo una importante partida de recursos públicos, Romero ha vuelto a señalar la necesidad de que las conselleries prioricen los acuerdos alcanzados con los socios en sus presupuestos, en sus palabras, que “reprioricen” su planes para asegurar el cumplimento de lo pactado con los socios de investidura.
Romero y Albiach, optimistas sobre las negociaciones con ERC
Con este acuerdo, el Govern se asegura la aprobación de la demora de la entrada en vigor de la tasa turística para tramitarla como proyecto de ley, lo que permitirá un debate más sosegado en el Parlament con la posibilidad de que los grupos presenten posibles modificaciones que presenten los grupos. Así se acordó con ERC y aconsejó el Consell de Garanties Estatutàries. De esta forma, el alcance final de la tasa turística aún debe acordarse pero tanto Romero con Albiach se han mostrado optimistas sobre el resultado final.
La líder de los Comuns, que hace unas semanas se mostraba muy crítica con las propuestas de ERC, que vienen a flexibilizar el impuesto en función del territorio y de la temporada, se ha mostrado dispuesta a debatir e incluso negociar a tres la tasa turística, pero ha advertido de que “hay puntos de la propuesta de ERC que no podemos compartir”. Entre ellas, la dirigente rechaza la flexibilidad temporal que fijan los republicanos puesto que “no aplica igual en todo el territorio”. Así, “en Baqueira el invierno no es temporada baja”, ha recordado. Aun así, se ha mostrado “convencida de que encontraremos un encaje”.
También Romero ha apuntado que el hecho de haber permitido la tramitación como proyecto de ley tiene como objetivo “escuchar al sector, al mundo local, tener una conversación sincera… y conseguir una fiscalidad justa y progresiva”.
