Grant Dalton llama “comunista” a Collboni; Junts en Aena, Enagás y ¿dónde más?

Grant Dalton, el ejecutivo y gestor de la Copa del América, no ha acabado de encajar la decisión del ayuntamiento de Barcelona de no repetir edición en el 2026. Acusa a Jaume Collboni y su equipo de “comunista”. Además, la vitalidad del pacto entre Sánchez y Puigdemont se pone de manifiesto con el nombramiento de consejeros en la CNMC, Aena y Enagás. Próximamente habrá más en distintos ámbitos y sectores.

 

Grant Dalton, el primer ejecutivo de la Copa del América, la competición náutica celebrada el año pasado en Barcelona, parece no haber encajado muy bien la decisión del Ayuntamiento de no optar a ser la sede de una nueva edición. El neozelandés ha dicho a sus patrocinadores que “los comunistas nos echaron”, pese a que en su opinión los registros económicos y de audiencia obtenidos por el acontecimiento deportivo han sido magníficos. Se supone que lo de comunistas va dirigido hacia el equipo de la alcaldía barcelonesa encabezado por el socialista Jaume Collboni.

Su reacción se produjo esta pasada semana, después de que la Universitat de Barcelona, por encargo de la Fundación Barcelona Capital Nàutica, presentara un informe que cifra en algo más de 1.000 millones el impacto neto en la capital catalana de la Copa del América, con un flujo de visitantes, en torno a 500.000, mucho menor del inicialmente anunciado en otro estudio, previo al acontecimiento, en este caso, de la Universitat Pompeu Fabra. Los más críticos cuestionan los métodos empleados en ambos informes para la estimación de los asistentes y las consecuencias económicas. Aún más difícil de calibrar resultan las audiencias televisivas, evaluada en casi 1.000 millones de espectadores, y en redes sociales, analizadas por la consultora Nielsen.

Dalton no encajó bien la decisión municipal de no optar a una segunda edición de la Copa del América. El Consistorio le informó en octubre de su decisión, y el neozelandés pidió que el anuncio se retrasara unos meses a fin de poder buscar nuevas ubicaciones con el anzuelo de que Barcelona quería repetir. La negativa municipal no le gustó, y él mismo se adelantó anunciando que Barcelona ya no era una opción por problemas de espacio. Fuentes municipales sostienen que la renuncia de la ciudad pinchó el globo. Hasta aquel momento, València parecía candidatura segura, pero la dana lo ha hecho imposible. Falta menos de un año y medio para la próxima edición de la Copa del América y aún no tiene nueva sede.

 

El largo anhelo de la burguesía catalana de conseguir que Junts se transforme en su representante político y defienda sus posiciones en la arena política española va evolucionando de acuerdo a las expectativas. La operación arrancó hace poco más de dos años, con las visitas de Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, a Bruselas. Primero fue el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez; luego, varias iniciativas legislativas en las que el partido de Carles Puigdemont, que en el Congreso capitanea Míriam Nogueras, votó en contra de medidas consideradas negativas por los empresarios. Ahora, el proceso está en una fase aún más avanzada. Los independentistas también están interesados en participar en organismos reguladores y en empresas propiedad del sector público o con participación de este. Ambición especialmente practicada por Jordi Pujol, el histórico líder de Convergència y presidente de la Generalitat durante 23 años.

Se trata de alcanzar posiciones relevantes para participar en la regulación de sectores básicos de la economía (CNMC, CNMV, Banco de España) o para conocer y definir la estrategia de grandes corporaciones empresariales en sectores considerados estratégicos.

Asimismo, esos nombramientos ponen de manifiesto, más allá del ruido del día a día, el refuerzo del pacto entre PSOE y Junts. La elección de esas personas próximas o con simpatías hacia Junts tiene ya algunos ejemplos, como la llegada de Pere Soler, exdirector de los Mossos, al consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). O el de Ramon Tremosa, exconseller del Govern de la Generalitat de Quim Torra y ex parlamentario europeo, en el de Aena, la gestora de los aeropuertos españoles. Y el de Elena Massot, responsable de la inmobiliaria Vertix y expresidenta de Femcat, asociación empresarial soberanista, en Enagás, propietaria de estructuras energéticas.

Vendrán más, aseguran las fuentes consultadas. El Estado participa en Telefónica, que preside Marc Murtra, Redeia o Indra, por citar solamente algunos ejemplos. Es un proceso en marcha que aportará novedades próximamente. Algunas, de elevada relevancia ­simbólica.