Absortos por la guerra, los ultimátum de Trump, la destrucción de instalaciones petrolíferas y sus consecuencias o la inestable tregua de anteayer, tendemos a olvidar otras cuitas más próximas. Hace pocas semanas, el Idescat publicó la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del 2025, que radiografía parte de la miseria en Catalunya: la tasa de pobreza familiar (hogares que ingresan menos del 60% de la media) empeoró y alcanzó al 18,9% de las familias, al igual que la proporción de aquellas con privación material y social severa o baja intensidad laboral.
Circunscribiéndonos a la pobreza (cerca del 19% de los hogares catalanes, unos 1,5 millones), sus registros son dispares según la situación familiar: aquella media del 18,9% se reduce al 11% para las familias que tienen vivienda en propiedad mientras supera el 34% para aquellas en alquiler; alcanza un insólito 46% para los hogares con un solo adulto y uno o más hijos dependientes; o se sitúa en el 24,5% (casi un millón de familias) para las que tienen hijos. La pobreza, como en botica, está por doquier.
Sería más justo proceder a transferencias directas a los más necesitados
Las consideraciones anteriores se inscriben en el contexto de una economía que crece, y mucho: los casi 22 millones de afiliados de marzo así lo muestran. Aunque una cosa es el aumento de la ocupación y otra, distinta, el del nivel de vida. Y en lo tocante a este, lo que hagan salarios y precios es determinante, en particular para los hogares pobres, donde los ingresos medios son más que modestos y muy sesgados al coste del alquiler y otros suministros de la vivienda. Para ellos, añadiendo sal a la herida, emerge el fantasma de un nuevo choque inflacionario.
Frente al mismo, el Gobierno ha respondido con la rebaja, entre otros impuestos, del IVA que grava los carburantes. Aunque parece razonable, la Comisión Europea tiene razón cuando postula que esa medida no es la adecuada: frente a un choque de oferta que reduce la cantidad de energía, la respuesta debería haber sido la reducción de la demanda y no compensar el aumento de precios rebajando la fiscalidad. Guste más o menos, hay que aceptar el empobrecimiento del país.
Si estas medidas tienen sus problemas, ¿qué deberíamos hacer? Delimitar
aquellos que más van a sufrir por el choque inflacionario, justamente los más
pobres, esos 1,5 millones de familias catalanas que detecta la ECV. Probablemente, sería más justo y económicamente más razonable proceder a transferencias directas a los más necesitados y, simultáneamente, dejar que los precios reflejen la nueva situación.
Termine como termine la guerra, o lo haga cuando lo haga, el mal está hecho: los destrozos en infraestructura energética anticipan una tensión inflacionaria de fondo que nos acompañará bastante
tiempo. Es justamente en momentos
como estos en los que hay que prestar mayor atención a los que menos capacidad de defensa tienen. De todas maneras, ¡suerte para todos!
