El Ministerio de Hacienda ha remitido este lunes a las comunidades autónomas una propuesta para que la Administración General asuma un total de 83.252 millones de deuda contraída por los territorios a través de distintos mecanismos de liquidez, bien sean con el Estado o con terceros. Esta medida se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles que se celebrará en Madrid, aunque Hacienda podrá aprobarla sin problemas debido al reglamento que le otorga la mitad de los votos en el cónclave. El territorio más beneficiado será Andalucía, seguido de Catalunya, a quien le corresponderá una quita del doble que a Madrid. Para el cálculo final de la condonación, el Gobierno ha aplicado una fórmula matemática que acaba ajustando la asunción de la deuda por habitante ajustado, de forma que no existan agravios entre ciudadanos.
La premisa de la que parte el Gobierno es que “la respuesta que dio el Gobierno del PP a la crisis financiera no fue la adecuada”, ha afirmado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Las comunidades tuvieron que sobreendeudarse, ha añadido, generando una situación que ahora se intenta solucionar.
La metodología que ha empleado Hacienda para la condonación de deuda autonómica es la siguiente. La primera fase consiste en calcular el diferencial de endeudamiento de las comunidades autónomas entre el 2010 y el 2013. El resultado son 109.582 millones. A continuación, Hacienda compara esa cifra con el incremento de la deuda de las mismas comunidades autónomas entre el 2020 y el 2023. El resultado son 29.272 millones. Por tanto, el Gobierno calcula que los recursos que las comunidades autónomas tuvieron que buscar vía endeudamiento fueron 80.310 millones.
En la segunda fase de la condonación el montante de 80.310 millones se reparte entre población ajustada de cada comunidad. Y el resultado es la asunción de un 19% de la deuda viva de las comunidades autónomas a 31 de diciembre de 2022. Para evitar “sentimientos de agravio”, ha explicado Montero, Hacienda aplicará una condonación adicional a las comunidades autónomas que no lleguen en este momento al 19% de endeudamiento. Es decir, se condonará, al menos, el citado 19% de la deuda de cada territorio.
En la tercera y última fase se identifica que la Comunidad Valenciana es la autonomía a la que le corresponde una condonación por habitante ajustado más elevada: 2.284 euros. De esta forma, al resto de autonomías con una financiación por debajo de ese nivel se les elevará la condonación hasta ese nivel, siempre que dicha comunidad autónoma haya contado con una financiación homogénera por habitante ajustado inferior a la medida entre el 2010 y el 2022.
Además, en esta tercera fase se incluye una condonación adicional para las comunidades que hayan ejercido sus competencias normativas al alza en el IRPF (el impuesto más homogéneo, según Hacienda) entre el 2010 y el 2022. Es decir, los territorios que rebajaron este impuesto no tendrán esta ayuda extraordinaria.
El resultado de todos estos ajustes son 83.252 millones. Repartidos así: a Andalucía le corresponderán 18.791 millones, seguida de Catalunya, con los citados 17.104 millones. Madrid le corresponderán 8.644 millones, la mitad que Cataluya.
La condonación de la deuda autonómica se aprobará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, haciendo uso el Gobierno de su mayoría junto a Catalunya. A continuación se planteará una ley orgánica, que se presentará en el Congreso de los Diputados, siguiendo todos los trámites oportunos. Este ley orgánica necesita una mayoría absoluta para convalidarse. Tras la aprobación de la ley en el Parlamento, que el Gobierno prevé cerrar antes de que acabe el 2025, es necesario reunir a las comisiones bilaterales con cada autonomías para aplicar la medida. Hacienda ha explicado que la condonación de deuda se hará “sin condicionantes” ni la exigencia de ajustes.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha explicado que la medida beneficiará a todas las autonomías de régimen común, situándolas en una mejor situación económica para volver a acudir a los mercados en búsqueda de financiación. La condonación, ha explicado la ministra de Hacienda, permite a las comunidades reducir su ratio de deuda y también un ahorro en intereses que, según los cálculos del Gobierno, podría ascender a entre 5.000 y 7.000 millones para todos los territorios. La cuantía de esta última cifra se delimitará en las conversaciones bilaterales con cada autonomía.
El endeudamiento que asumirá el Estado formará parte de la ratio de deuda de España, algo que, según ha explicado Montero, se explicará a los mercados e inversores. No espera que genere problemas ya que, según ha presumido, el país se encuentra en una situación óptima en dichos mercados financieros. El crecimiento del PIB es fundamental para poder aplicar esta medida.
