La eliminación de la bonificación que actualmente se aplica al impuesto de hidrocarburos para el diésel, y que Hacienda tiene comprometida con Bruselas a cambio de fondos europeos, se encuentra totalmente bloqueada por la compleja aritmética parlamentaria. El Gobierno no cuenta en este momento con los apoyos necesarios para sacar adelante la medida y es pesimista de cara a la posibilidad de conseguir los votos de sus socios en los próximos meses.
Faltan votos, pero Hacienda tiene todo diseñado para subir el precio del diésel. La intención es que el litro se encarezca 9,36 céntimos sin impuestos y unos 11,30 céntimos con IVA, según fuentes del mercado. El consumidor final abonaría este alza con el objetivo de conseguir una “moderación de la emisión de gases de efecto invernadero”. El gasóleo profesional, el que utilizan los transportistas por carretera, de pasajeros o taxistas, quedaría excluido. La modificación recaudaría entre 1.200 y 1.400 millones al año.
Todos los socios de investidura, a izquierda y derecha, estuvieron de acuerdo en un primer momento en secundar una enmienda en el paquete fiscal que entra en vigor este 1 de enero. Sin embargo, en el pleno en el Congreso, el PSOE incluyó la medida junto a otro grupo de enmiendas, como la modificación de la función de las socimis, y Podemos votó en contra por esa maniobra. El Gobierno planteó entonces aprobar el alza fiscal a través de un real decreto ley, pero todo se ha ido complicando con el paso de las semanas.
Podemos se sitúa ahora en una posición muy diferente y ha transmitido al Ejecutivo que sus cuatro diputados sólo votarán a favor de la equiparación del impuesto del diésel al de la gasolina si se prorroga el gravamen a las energéticas. El día 1 de enero entra en vigor la prolongación de esta figura fiscal que deberá someterse a convalidación a lo largo de ese mes. Junts y PNV mantienen su voto negativo, por lo que todo indica que el gravamen decaerá en unos días y, por extensión, Podemos no apoyará la subida del diésel.
La eliminación de la bonificación fiscal al gasóleo de automoción tiene el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y es un compromiso de España con la Comisión Europea contemplado en el Plan de Recuperación. Si no lo cumple, el Gobierno tendría que renegociar los acuerdos con Bruselas si no quiere ver bloqueados una parte de los fondos europeos. Hacienda, no obstante, cuenta con un margen de tres meses, hasta el 30 de marzo, para intentar aprobar la subida. En el plan inicial ya se contempló que la medida entraría en vigor el 1 de abril del 2025.
Hacienda cuenta con un margen de tres meses, hasta el 30 de marzo, para intentar aprobar la subida del tributo al diésel
Si Podemos no cede con el diésel, Hacienda sólo tendría la opción de recurrir al PP para poder convalidar la medida en el Parlamento, pero el principal partido de la oposición ya ha sacado pecho de haber conseguido, gracias a sus pactos fiscales con Junts, haber rebajado los impuestos a familias y empresas.
