La Agencia Tributaria sospecha que el antiguo despacho de Cristóbal Montoro cobró de manera troceada de sus clientes para no ser detectados ciertos pagos, después de conseguir reformas legislativas ad hoc cuando el fundador del bufet era ministro de Hacienda, según consta en un informe incorporado en la causa judicial al que ha tenido acceso La Vanguardia.
Concretamente, de las empresas gasísticas investigadas, el informe calcula que el despacho Equipo Económico habría cobrado un total de 991.000 y sin descartar que la cantidad pueda ser elevada si se encuentran más pagos ocultos.
Según el informe elaborado por la unidad de apoyo de la AEAT de la Fiscalía Anticorrupción, del análisis de la documentación intervenida en la causa seguida contra el exministro, varios altos cargos de su época de Hacienda y los socios de Equipo Económico -antes llamado Montoro y Asociados- se deduce una “fragmentación de pagos” que “sería indiciariamente instada por el despacho investigado y se colmaría con un indiciario mal de una prima de éxito que permitiría distanciar los mismos de su origen temporal”.
La tesis judicial es que Equipo Económico utilizó su influencia en el Ministerio de Hacienda, siendo titular Montoro, para cobrar grandes cantidades de dinero a empresas a cambio de lograr modificaciones legislativas, principalmente rebajas de impuestos, que les beneficiarían, como pasó con ciertas empresas gasistas.
Según el inspector encargado, atendiendo a los correos y actas intervenidas, las gasísticas investigadas “eran conscientes, pagaban y se vanagloriaban mucho antes de lo pactado”, que no era otra cosa que EE cobraba si lograba tales modificaciones.
“Es más, los contratos intervenidos entre las gasísticas y EE ni siquiera mencionan tales ‘success fees’ sino una supuesta prórroga de servicios”, explica el informe. Es decir, que las gasísticas ya pagaban por adelantado porque el éxito estaría garantizado.
La unidad de la AEAT que apoya a Anticorrupción, concluye -contrariamente a lo analizado por la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil- que los pagos a EE por parte de las gasísticas estuvieron troceados en pagos de 12.000, 18.000 o 36.000 euros para, en realidad, llegar a pagar 812.000 euros.
El informe concluye que esta manera de actuar de EE podría tratarse de un “patrón de conducta” que se podrá detallar más cuando se analiza en su conjunto todas las cuentas bancarias y pagadores eliminando las “distorsiones” y las “mezcolanzas”.
Además, el inspector va más allá y abre la puerta a investigar a más empresas, además de las gasísticas, porque ha detectado el mismo modus operandi en estos pagos, sobre todo por empresas que les han pagado por servicios que ellas mismas pueden hacer internamente porque cuentan con los departamentos correspondientes para ello.
El perito llega a esta conclusión porque ha detectado bloques de pagos similares a lo largo de los años investigados. A modo de muestra explica que entre el 2012 y el 2019 distintos clientes, entre ellos las gasísticas investigadas, ingresaron en dos cuentas del despacho más de 320 abonos por 12.100 euros que suman un total de más de 300.000 euros; más de 40 abonos de 36.300 euros hasta alcanzar más de 1,6 millones de euros; y más de 50 abonos de 18.150 euros hasta alcanzar más de 1,9 millones de euros.
Una vez ingresadas esas cantidades, el despacho movería el mayor valor monetario mediante sucesivas transferencias entre distintas cuentas bancarias bajo el control de socios, exsocios, cónyuges y sus sociedades vinculadas, así como de otras personas físicas.
Los movimientos se justificarían a través de facturas para “desligar” esos fondos “contaminados” de su verdadera causa, “de su origen primario”, señala el informe, que describe todavía habría un tercer eslabón.
El dinero no se quedaría ahí. Después de un consumo mínimo, gran parte de esas cantidades volarían a otras cuentas, ya de desconocidos que no han podido rastrearse.
Además, señala la AEAT, tales pagos de las gasísticas se producirían “coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa. Los pagos se iban produciendo en la medida que “se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante decisiones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales investigados en favor de las gasísticas”, indica el informe.
