La consellera de Economia de la Generalitat, Alícia Romero, suele apuntar que los acuerdos de investidura del PSC con ERC y Comuns dan para “varias legislaturas”. En lo que a su departamento compete, con asuntos como la financiación singular, auténtico hito de la legislatura catalana, la empresa no admite demoras, pero en el Govern aseguran que este y el resto de pactos se están satisfaciendo en los términos firmados.
Cuando se cumple un año de las elecciones catalanas del 12-M, que acabó con la mayoría independentista de los últimos años en el Parlament, el Ejecutivo catalán asegura que el objetivo de “unir y servir” con el que Salvador Illa ganó los comicios “se está cumpliendo”. Sin perder de vista el reto de la financiación, el president alienta a los suyos a tener “ambición” y ánimo para “transformar”, porque tan importante es la financiación singular como por ejemplo la nueva flota de vehículos de los agentes rurales, aseguran. Así, sitúan en un 27% el nivel de cumplimiento de las 217 medidas concretas acordadas para la investidura, cuando no se ha consumido aún una cuarta parte del mandato. A estas alturas se calculaba cumplir apenas el 19%.
Sin embargo, también hay dirigentes del Govern que alertan de que casi se ha consumido un año de legislatura y muchos de los asuntos acordados con ERC y Comuns son estructurales (infraestructuras, transportes, vivienda, financiación…). En algunas carpetas, las más relevantes como Rodalies o la financiación, se requiere de la implicación directa del Gobierno central, lo cual añade dificultad y limita el margen temporal. La legislatura española finalizará mucho antes que la catalana y con “otra sensibilidad” en la Moncloa, según un alto cargo del Govern, la ejecución de algunos pactos se vería comprometida.
A estas alturas de mandato, el Ejecutivo contaba con haber cumplido apenas el 19% de los acuerdos
Si se trata de grandes transformaciones, la mayoría están en manos de expertos, que aún trabajan en el diseño de soluciones viables para llevarlas a cabo. Es el caso de la reforma de la Administración pública, de la aceleración de las energías renovables y de la financiación singular pactada con ERC, que está abierta en canal.
La financiación es uno de los retos más difíciles, por eso en Economia se remiten a lo que está estrictamente pactado, para empezar, la formalización del acuerdo entre PSC y ERC en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos antes del 30 de junio.
En Economia dan por hecho que así será, y que arreciarán las críticas a Pedro Sánchez y a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que se batirá en duelo electoral con Juanma Moreno en el 2026, si no antes, en Andalucía.
Economia garantiza que se cumplirá el plazo fijado para formalizar el pacto sobre la financiación
El informe de la comisión de expertos que trabaja en ello, liderada por Martí Carnicer, “no está en pañales”, aseguran en la conselleria, pero todo está sujeto al acuerdo específico con el Gobierno central, que deberá alumbrar un calendario para el despliegue del nuevo modelo de financiación, el coste de la solidaridad y la modificación en el Congreso de las leyes orgánicas afectadas: la ley de financiación de las autonomías (Lofca) y la de cesión de tributos del Estado a Catalunya.
En todo caso, en la conselleria de Romero admiten que llevará años disponer de la estructura, el personal y los medios materiales y telemáticos para garantizar la gestión tributaria total desde Catalunya e insisten en que habría sido más fácil consorciar la gestión.
La comisión de expertos, en la que está ERC, planteará un calendario, la cuota de solidaridad y las reformas legislativas
Aun así, Economia va dando pasos, “tímidos” a los ojos de ERC, que están al tanto de todo, puesto que en la comisión de expertos figura una persona de su cuerda, la exdirectora de Tributs Marta Espasa. Por ahora, el departamento de Romero ha convocado 90 plazas de nuevos inspectores, técnicos y gestores tributarios para la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) –en la actualidad trabajan unas 900 personas frente a las 4.000 de la hacienda española en Catalunya– y ambas agencias gestionan conjuntamente el impuesto de matriculación, como ensayo para la gran prueba de fuego, la gestión del IRPF el próximo año.
“La realidad es la que es”, señalan en el Govern tras comparar los medios de ambos entes, “pero ellos –los gobiernos anteriores en los que estuvo ERC– tampoco hicieron nada”, resumen.
El 12-M sirvió para enterrar el procés , periodo en el que se llegó a garantizar la disponibilidad de estructuras de estado como la “hacienda propia” con la independencia. El entonces secretario de Hisenda, Lluís Salvadó, hoy director general de ERC y negociador con los socialistas, decía en el 2016 que para el 1 de septiembre del 2017 la hacienda propia estaría en marcha. Algo se hizo. La Generalitat gastó cinco millones en la plataforma informática e-Spriu, que juntamente con el Gaudí se usa hoy en la ATC, aunque el Govern de Carles Puigdemont calculó en 500 millones el despliegue total de la hacienda catalana.
El calendario está marcado por las urnas: las elecciones andaluzas del año que viene y las generales del 2027
El Ejecutivo catalán necesitará multiplicar la capacidad de la ATC al menos por cuatro, según Illa, aunque la Comisión Europea señalaba en el 2012, en un informe de la dirección general de Economía, que lo óptimo es disponer de 1.000 empleados públicos dedicados a la gestión tributaria por cada millón de habitantes.
Será la política y el empirismo legislativo lo que decidirá el futuro de la financiación singular.
De la vuelta de las empresas al choque por la vivienda
ntre las 217 medidas pactadas con los socios de investidura, 23 de las cuales son compartidas por ERC y Comuns, el Govern incluye en la cesta de cumplimientos avances como el traspaso de Rodalies, la tramitación de normativas relativas a la vivienda, el Estatuto de Municipios Rurales, la ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya, la ley de Memoria Democrática, el régimen sancionador sobre los alquileres… Pero también incluye otros logros, como el retorno de la sede social de empresas que decidieron abandonar Catalunya por el procés. La vuelta de corporaciones como Banc Sabadell, La Caixa, Criteria, Cementos Molins o Laboratorios Ordesa es un éxito atribuido a la normalización política en la que han venido trabajando los socialistas y el culmen de la relación entre Salvador Illa y los empresarios catalanes. Sin embargo se ha visto ensombrecido por las decisiones del Govern en vivienda, como se vio en la reunión del Cercle d’Economia de la semana pasada. Junts ha aprovechado para intentar limar las asperezas que ha generado la posición de su consejero en la CNMV en la opa sobre el Sabadell denunciando un “tripartito encubierto”.
