La investigación por posibles irregularidades en contratos fraccionados del Servicio Andaluz de Salud mediante el procedimiento de emergencia (habilitado únicamente en la etapa la pandemia COVID-19) bajo el mandando del presidente popular Juanma Moreno llega también hasta Cádiz, donde la titular del juzgado de instrucción número 3 de la capital gaditana ha citado como investigado por estos hechos a Demetrio González Mera, el que fuera director de central de compras de Cádiz de este organismo.
El caso se abrió a raíz de una denuncia de Podemos Andalucía sobre esta práctica a través de la cual podrían haberse adjudicado a dedo contratos a clínicas privadas por valor de 235 millones de euros. Si bien González había sido citado en calidad de testigo por la jueza que ha asumido el expediente, lo cierto es que tras la comparecencia como testigos de los intervinientes de la Junta de Andalucía José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, que tuvo lugar el pasado 2 de abril, ha emitido una providencia en la que cambia su estatus judicial, pasando a ser investigado y teniendo la obligación de ofrecer su testimonio el próximo 28 de abril.
Este cambio, sobre el que cabe recurso de reforma, supone que el caso tiene un primer investigado en Cádiz. También prestaron declaración ante la jueza que investiga los hechos por un posible delito de malversación de fondos públicos la semana pasada las jefas de servicio Beatriz Tallóin Cádiz y María Jesús Correro Fernández.
La investigación, que se abrió en Sevilla, trata de determinar si hubo un uso indebido de este tipo de contratos
Recordemos que fueron diputados del PSOE quienes en el Parlamento andaluz denunciaron estas posibles irregularidades puestas en práctica por el Gobierno andaluz durante los años 2021 y 2024 apoyándose en un mecanismo excepcional activado durante la pandemia por COVID-19 que permitía, en este caso, realizar este tipo de contratos con el fin de agilizar las comparas y contrataciones para dar respuesta a las necesidades particulares de ese momento. Una vez decayó la alerta sanitaria, este procedimiento carecía de sentido y, por tanto, quedó derogado.
Es el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla quien lleva esta investigación por la posible comisión de un delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de contratos de emergencia a clínicas privadas por parte de la administración regional, y mantiene como investigados la a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores en el cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
De momento, ya hay cuatro directivos del SAS investigados en este asunto. Hoy, el portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, pedía a Moreno el “cese de forma inmediata” de la consejera de Salud, Rocío Hernández, tras el “hito histórico” que se alcanzaba este sábado a las puertas del Palacio de San Telmo, donde más de “100.000 andaluces” se manifestaban, convocados por sindicatos y Marea Blanca, en “defensa de la sanidad pública” y para denunciar “las tramas oscuras que tanto manchan al servicio público”. Cuenca hacía referencia a las listas de espera para acceder al Sistema de Salud y a la investigación abierta por un uso indebido de los contratos de fraccionamiento en el área sanitaria. Por su parte, la Junta de Andalucía confía en que, finalmente, el procedimiento quede archivado.
