Hace pocos años tuvimos un largo episodio de sequía. Descubrimos entonces que las inversiones en desalinizadoras, que se habían planificado tras el último periodo de baja pluviometría, nunca se convirtieron en una realidad. Algunas zonas sufrieron restricciones de consumo muy significativas.
Este año hemos tenido lluvias abundantes, desprendimientos e incidencias persistentes y muy graves en la red de cercanías. En su gran mayoría son problemas de falta de mantenimiento que salen a la luz cuando la meteorología es adversa. Lo mismo ocurre con los pantanos. La red de alta velocidad también ha sufrido accidentes importantes y se resiente de cuestiones similares. No hace mucho tiempo soportamos asimismo un gran apagón eléctrico que tuvo importantes repercusiones. Otra infraestructura, la red de autopistas, también está sometida a un fuerte estrés en determinadas vías.
Déficit
La dinámica de la competencia electoral provoca un déficit de mantenimiento; es un gasto que no luce políticamente
Mi pronóstico es que esto no se ha acabado. Todas estas incidencias no son fortuitas. No es un problema de mala suerte. Una explicación plausible es que la economía española crece impulsada por el aumento de población y que las infraestructuras del país no dan abasto. Tal vez, pero hay tres factores estructurales que me parecen más determinantes. En primer lugar, la dinámica de la competencia electoral. Provoca un déficit de mantenimiento, puesto que es un gasto que no luce políticamente, comparado con las inauguraciones o el simple anuncio de nuevos proyectos. Del mismo modo que en temas monetarios disponemos de autoridades independientes para evitar la politización, sería bueno tener leyes que garantizasen los recursos para el mantenimiento de las infraestructuras. Y, naturalmente, un sistema judicial efectivo que avalase el cumplimiento de dicha legislación.
Un segundo factor es que el despliegue de nuevas infraestructuras en las economías ricas se enfrenta a restricciones regulatorias, ya que la población exige que sus derechos no sean menoscabados e incrementa sus demandas de protección medioambiental. La oposición a las líneas de alta tensión o los parques eólicos es un ejemplo. A menudo, la defensa del interés individual se antepone al bien común. Finalmente, la construcción y gestión de infraestructuras adolece de una gran burocratización. La cuestión fundamental son los incentivos de los funcionarios para hacer avanzar los expedientes. El estatus de la función pública garantiza la independencia de sus decisiones, pero al mismo tiempo paraliza la administración, con complejos procesos de rendición de cuentas y poco acicate a tomar riesgos y asumir responsabilidades.
El problema de las infraestructuras es grave en España, así como en otras democracias liberales. La necesidad de reforma es urgente, especialmente porque una parte de la población concluye que el sistema político es lento y poco efectivo, en contraposición a algunos regímenes autoritarios que desarrollan su estrategia económica sin obstáculos y con visión de largo plazo.
