Lo único que el Gobierno Starmer ha hecho hasta ahora para intentar frenar lo que está ocurriendo en Gaza es suspender las negociaciones para un acuerdo comercial con Israel, mientras le sigue suministrando armamento y piezas de recambio para su arsenal bélico. Ochocientos juristas, abogados y académicos han escrito una carta abierta a Downing Street diciendo que ello no es ni de lejos suficiente.
“El Reino Unido debe imponer sanciones a Israel y considerar su suspensión como miembro de la ONU para cumplir sus obligaciones internacionales, en vista de pruebas crecientes de que un genocidio está siendo perpetrado o cuando menos hay un grave riesgo de que se produzca”, señala la misiva de dos páginas (acompañada de un memorando legal de otras treinta y cinco), firmado por dos ex jueces del Tribunal Supremo y varios ex magistrados.
La carta acusa al primer ministro Beniamin Netanyahu de cometer en Palestina crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y graves violaciones de las leyes humanitarias internacionales, y al Gobierno Starmer de hacer el mínimo necesario para intentar no ser considerado en el futuro cómplice de un genocidio. “El ejército israelí está intentando borrar del mapa lo que queda de Gaza”, señalan los juristas, que urgen a Londres a presionar para un alto el fuego.
Los firmantes especifican que “todos los estados, entre ellos el Reino Unido, tienen la obligación de tomar las medidas a su alcance para prevenir o castigar un genocidio, restaurar el respeto por la legalidad internacional y poner fin a las violaciones del derecho a la autodeterminación”. Desde su perspectiva, “las acciones emprendidas hasta la fecha por Downing Street no responden desgraciadamente a ese baremo” y contribuyen a “un clima de ilegalidad e impunidad”.
Los abogados, académicos y jueces proponen que Londres revise las actuales relaciones comerciales con Israel, suspenda la hoja de ruta vigente para una mayor cooperación de aquí al año 2030 e imponga sanciones que hagan daño económicamente a Tel Aviv, y también a título individual a ministros y dirigentes del ejército por incitar el genocidio y el establecimiento de asentamientos ilegales de colonos. No menciona en cambio la venta de armas y municiones porque es un asunto a la espera de sentencia por el Alto Tribunal, después de que grupos pro derechos humanos presentaran una querella.
“Israel es responsable de un ataque sin precedentes a las Naciones Unidas”, dice la carta refiriéndose a la prohibición de que opera en Gaza la agencia humanitaria de la ONU para la ayuda a los refugiados (Unrwa), y a las agresiones contra instalaciones, personal y propiedades de la institución internacional.
“Es una muestra de impotencia que un gobierno que dice defender el estado de derecho no haga nada para demostrarlo”, concluye el documento.
