Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, los Comuns y la CUP han registrado este miércoles en el Parlament una proposición de ley para elevar al Congreso en la que plantean la derogación de todo efecto jurídico de los decretos de Nueva Planta promulgados entre 1707 y 1716 por el rey Felipe V. La iniciativa defiende esta medida como un ejercicio de “reparación histórica y justicia institucional” porque implicaron la “supresión de las constituciones, instituciones y sistemas jurídicos propios de los antiguos reinos de la Corona de Aragón”.
Las cuatro formaciones han propuesto que la proposición de ley se tramite por la vía de lectura única y, una vez se apruebe, se remitirá a la Mesa del Congreso para que se someta a votación en la Cámara Baja. La derogación se extiende a cuatro decretos: el de 29 de junio de 1707, que afectó a los reinos de Valencia y Aragón; el de 28 de noviembre de 1715, que atañe a Mallorca; y el de 16 de enero de 1716, que impactó en Catalunya.
La ley dispone que, si recibe luz verde, el Gobierno deberá “comunicar oficialmente esta derogación a los parlamentos y gobiernos autonómicos afectados” y propone que se realice una declaración institucional “conmemorativa” como “acto simbólico de restitución de la memoria histórica y jurídica”.
En su exposición de motivos, los cuatro partidos -JxCat, ERC, Comuns y la CUP- argumentan que estas normas implicaron una “profunda ruptura en el principio de pluralidad política y jurídica que había caracterizado a la monarquía hispánica hasta aquel momento”. A su juicio, supuso la “pérdida de derechos colectivos y libertades nacionales”, además de una “negación simbólica y material de la identidad política y cultural de los territorios afectados”.
Paralelamente, recuerdan que la Constitución sí que recoge en su disposición derogatoria segunda la derogación de la abolición del régimen foral del País Vasco y Navarra, por lo que entienden que también se debería haber hecho lo mismo con los decretos de Nueva Planta. El objetivo es, pues, “reconocer su continuidad institucional como nacionalidades históricas dentro del Estado y eliminar cualquier rastro normativo o simbólico de aquella imposición”.
La iniciativa se ha trabajado junto a la Associació de Juristes Valencians. De hecho, esta mañana se ha registrado en el Parlament con la presencia de su presidente, José Ramón Chirivella. Esta entidad trabaja desde hace meses en extender esta propuesta de derogación de dichos decretos en las cámaras legislativas de la Comunitat Valenciana, Aragón, Islas Baleares y Catalunya.
De hecho, la Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés Regionalista registraron el pasado mes de abril una proposición de ley en este sentido en las Cortes de Aragón. También lo hizo Compromís en les Corts Valencianes, pero el PP y Vox la rechazaron. No obstante, los populares sí que votaron a favor de una moción que iba en la misma dirección en la Diputació de València, junto a Ens Uneix, el PSPV y Compromís.
También Sumar registró una ley en el Congreso a finales de mayo haciendo el mismo planteamiento, aunque esta iniciativa está paralizada en estos momentos.
